Un modelo depredador
Un movimiento de nuevo tipo
La creación de nuevos vínculos
Comercio y mercado
Recursos

Las fábricas recuperadas por sus trabajadores, algo más de doscientas en Argentina, alrededor de cien en Brasil y una veintena en Uruguay, son una de las respuestas de los trabajadores a dos décadas de neoliberalismo y desindustrialización. Nunca había existido en América Latina un movimiento semejante, en el cual los trabajadores se hacen cargo directamente de los medios de producción y los ponen en funcionamiento sin patrones, y en ocasiones sin siquiera capataces, técnicos y especialistas. Esta tarea no fue asumida como consecuencia de debates ideológicos sino, como suele suceder en la historia de los movimientos de los oprimidos, por la urgencia de la necesidad.

El cierre masivo de las fábricas y empresas vinculadas al mercado interno, llevó a un puñado de trabajadores a rescatar algunas de ellas del seguro destino de convertirse en galpones abandonados.

Aunque el movimiento es heterogéneo, algunos de los problemas que enfrenta atraviesan a todo tipo de fábricas, tanto a las muy pequeñas como a las medianas y a las diversas ramas de la producción. Problemas legales relativos al reconocimiento de la propiedad de la fábrica, otros vinculados al abastecimiento de materias primas, a la falta de capital de giro y a la comercialización de la producción, otros más relacionados con las dificultades técnicas derivadas de una maquinaria obsoleta o del abandono de los técnicos y administrativos, han sido abordados y muchas veces resueltos por los obreros convertidos ahora en dueños de su propio destino.

Un modelo depredador

El fin de las dictaduras militares (1983 en Argentina, 1985 en Uruguay y Brasil) dio paso a regímenes democráticos que nacieron fuertemente condicionados por la herencia económica, política y social del período autoritario. Esa herencia—entre la que debe destacarse el peso de la deuda externa en economías en crisis—facilitó la aplicación de las recomendaciones promovidas por el Consenso de Washington, que propició el paso atrás del Estado en la regulación de las economías, y el desmontaje de los débiles Estados del bienestar que se habían construido en buena parte de los países de la región.

La apertura de las economías, la desregulación financiera y económica, y las privatizaciones, provocaron el cierre de numerosas fábricas a partir de 1990. El aumento del desempleo y la precarización de las condiciones de trabajo fue la consecuencia ineludible de las políticas adoptadas. Al quitarse las restricciones a las importaciones, se produjo el ingreso masivo de productos importados con los cuales las industrias locales no pudieron competir. Las más afectadas fueron las pequeñas y medianas empresas que abastecían al mercado interno.

Sin embargo, el cierre de este tipo de empresas fue apenas un aspecto de la profunda reestructuración productiva que se registró en la década de 1990. En paralelo, se vivió una fuerte concentración en los principales sectores industriales, que profundizó el desempleo hasta convertirlo en estructural. En suma, a la desindustrialización se sumó una posterior recuperación del crecimiento basado en la simplificación de las nuevas estrategias de producción, que transformaron las formas de organización técnica y social del trabajo. La reconversión no sólo aumentó los índices de desempleo, que en casi todos los países superaron el 10% de la población activa, y en Argentina treparon por encima del 20% hacia el fin de la década, sino que dificultaron la reincorporación de los ex obreros a las nuevas plantas automatizadas o robotizadas, empleos para los que no contaban con la formación necesaria. Por su parte, este tipo de “modernización” agravó las fuertes tendencias a la exclusión y marginación social de amplias capas de los sectores populares.

Para buena parte de los trabajadores, el cierre de las empresas en las que trabajaban era una especie de condena a la marginación, sobre todo para aquellos que superaban los 40 años de edad, y tenían por lo tanto muy pocas posibilidades de reinsertarse en la vida laboral formal. La pérdida del empleo, conllevaba no sólo la pérdida de ingresos sino también de derechos sociales como la salud y la jubilación y, en ocasiones, la vivienda. Esto explica que algunos trabajadores hayan optado por luchar para recuperar la fuente de trabajo, o sea mantener la fábrica en actividad aún sin los propietarios.

Un movimiento de nuevo tipo

En Brasil la experiencia de recuperación de fábricas se registró antes que en Argentina y Uruguay. En 1991 cerró la empresa Calzados Makerly, en San Pablo, eliminando 482 empleos directos. Con apoyo del Sindicato de Trabajadores del Calzado, del Departamento Intersindical de Estudios y Estadísticas y del movimiento popular, comenzaron un proceso pionero de producción autogestionada.

En 1994 se creó la ANTEAG (Asociación Nacional de Trabajadores en Empresas Autogestionadas) con el objetivo de coordinar los diversos emprendimientos que iban surgiendo al calor de la crisis industrial. Actualmente cuenta con oficinas en seis estados, que se encargan de acompañar los proyectos de autogestión buscando la integración de esos proyectos con iniciativas de las ONGs, los gobiernos estatales y municipales. Resolver el grave problema del financiamiento, es una de las tareas más importantes de la asociación. Actualmente la ANTEAG trabaja con 307 proyectos cooperativas autogestionadas, de los cuales 52 son empresas recuperadas por sus trabajadores, que tienen unos 15 mil empleados. Existen empresas autogestionadas en todas las ramas de la industria, desde la extracción de minerales (Cooperminas cuenta con 381 trabajadores) y el sector textil (varias decenas de pequeñas empresas, casi todas integradas por mujeres) hasta los servicios turísticos y de hotelería.

Para la ANTEAG la autogestión es un modelo de organización que combina la propiedad colectiva de los medios de producción con la participación democrática en la gestión. Pero implica además autonomía, de modo que las decisiones y el control de las empresas pertenecen a sus miembros. Estas definiciones los llevan a considerar que la contratación de profesionales para la administración de las empresas debe ser una excepción y deberán estar siempre controlados por la colectiva1.

El caso de Argentina es diferente. El movimiento de empresas recuperadas surgió durante el pico de la crisis económica, y está fragmentado en cinco sectores, pero ha conseguido avanzar muy rápidamente. La principal peculiaridad del caso argentino, y el rasgo que reviste a esta experiencia de un interés especial, es que la creación de estos emprendimientos se ha dado vinculado a experiencias de base en un proceso de lucha de resistencia, tanto por parte de los trabajadores para mantener sus fuentes de trabajo, como por la irrupción de las capas medias (profesionales, empleados, técnicos) en el escenario político y social a través de las asambleas barriales y de los propios desocupados (piqueteros) que mantienen sus propias iniciativas de producción y distribución.

La inmensa mayoría de las fábricas argentinas recuperadas, son pequeñas y medianas, las más vulnerables por la apertura económica aplicada por el gobierno de Carlos Menem en los años 90. Veamos algunos datos2. El 26,4% son metalúrgicas, seguidas muy de lejos por frigoríficos y aparatos eléctricos (8% cada una), y con menos del 5% imprentas y transporte, alimentación, textiles, vidrio y salud. La mitad tienen una antigüedad de más de 40 años y en el momento de ser recuperadas tenían un promedio de 60 trabajadores. Sólo un 13% tenían más de cien trabajadores.

El 71% de las fábricas distribuyen los ingresos de forma igualitaria (gana lo mismo el que limpia que el trabajador más especializado) y sólo el 15% mantienen los criterios de remuneración anteriores a la recuperación de la fábrica. Aunque el proceso de recuperación de fábricas comenzó a mediados de la década de 1990, la inmensa mayoría (las dos terceras partes) fueron tomadas y puestas a producir en los años 2001 y 2002. Esto revela la estrecha relación entre la agudización de las luchas sociales y el proceso de ocupación de fábricas. Siete de cada diez fábricas fueron recuperadas gracias a luchas muy intensas, que asumieron mayoritariamente la forma de toma de fábrica (casi la mitad de los casos) y de acampada en la puerta (24% de los casos). En promedio, estas medidas de fuerza tuvieron una duración de cinco meses, lo que revela la intensidad del conflicto que debieron afrontar antes de hacerse con el control de la planta.

Según las encuestas realizadas, las fábricas que afrontaron conflictos largos e intensos son las más proclives al reparto igualitario de los beneficios y a relacionarse con las asambleas barriales de los sectores medios. Sólo en el 21% de las empresas recuperadas permaneció el personal jerárquico y sólo en el 44% se quedaron los administrativos. Esto quiere decir que más de la mitad de las empresas recuperadas comenzaron a producir sólo con trabajadores manuales. Sin embargo, pese a las enormes dificultades que tuvieron que soportar, los resultados son los mejores: en las fábricas donde hubo alta conflictividad la capacidad de producción utilizada asciende al 70% frente al 36% en las de baja conflictividad. Del mismo modo, en las fábricas abandonadas por jefes y administrativos utilizan mayor capacidad productiva que en las que esas categorías permanecieron (70 frente a 40%).

La creación de nuevos vínculos

Un rápida recorrida por algunas experiencias, puede contribuir a develar algunos de los aspectos más interesantes del movimiento: las estrechas relaciones que se están produciendo entre trabajadores de empresas recuperadas, vecinos organizados en asambleas barriales y grupos piqueteros, que colaboran de diversas formas y extienden sus redes mucho más allá de las puertas de las fábricas.

Las empresas recuperadas Chilavert (gráfica) y El Aguante (panificadora) existen gracias al protagonismo que jugaron las asambleas barriales para materializar la recuperación de la fábrica. En Chilavert, en el barrio de Pompeya de la capital, cuando la patronal se presentó con la policía para desalojarlos, hacia fines de mayo de 2002, la presencia de la asamblea Popular de Pompeya y luego de varias asambleas y decenas de vecinos en los varios intentos de desalojo, que se autoconvocaban por teléfono o boca a boca, jugaron un papel decisivo3. Situaciones similares se dieron en muchas fábricas: una alianza entre obreros de varias empresas recuperadas con vecinos del barrio, organizados en asambleas o sin ninguna organización.

La Panificadora Cinco, actual Cooperativa el Aguante, había cerrado despidiendo a 80 trabajadores sin indemnización, en octubre de 2001. En abril de 2002, la asamblea de vecinos de Carapachay estaba buscando formas de conseguir pan más barato y se unió a un grupo de 20 obreros que habían sido despedidos de la panificadora. Luego de una asamblea conjunta, vecinos y ex obreros tomaron la planta. Durante 45 días resistieron los intentos de desalojo mientras una carpa en el exterior, con los vecinos, hacía el “aguante”4 hasta que consiguieron la expropiación. La solidaridad del barrio fue decisiva: asambleístas, piqueteros y activistas de izquierda aseguraron la vigilancia, realizaron tres festivales, una marcha por el barrio y un “escrache” al empresario, un acto el 1 de mayo, charlas, debates y actividades culturales. Este caso es excepcional, pero revela cómo la lucha social fue capaz de resignificar los territorios, estableciendo lazos donde dominaba la indiferencia.

El caso de la metalúrgica IMPA es diferente, pero de alguna manera convergente. La fábrica tuvo el apoyo de vecinos del barrio cuando aún no había asambleas, pero los obreros decidieron crear un centro cultural como forma de vincularse con la población, buscar la solidaridad vecinal y del movimiento social5. El centro es un éxito y abrió un camino que transitan otras fábricas recuperadas, conscientes de la importancia de no aislarse dentro de los galpones.

En la cooperativa La Nueva Esperanza (produce grissines), en medio del conflicto un grupo de asambleístas barriales, psicólogos vinculados a la revista Topía y artistas, propusieron a la asamblea de obreros crear el Centro Cultural de Artes y Oficios, llamado Grissicultura, para obtener el apoyo de los vecinos del barrio y darle más trascendencia social a la cooperativa. Todos los días funcionan talleres de música, teatro, danza, títeres, literatura y jardinería; se hacen recitales, obras de teatro y se proyectan películas para mayores y niños, y se realizan conferencias con destacados intelectuales.

Los ejemplos citados avalan una de las características novedosas del movimiento: el incipiente pero creciente arraigo territorial. El vínculo con las asambleas muestra el creciente interés de la sociedad por comprometerse con el proceso de gestión de estas empresas y, a su vez, la tendencia de los trabajadores a trascender los portones de las fábricas y sentirse parte del movimiento social. En algunos casos esa tendencia se expresa en que cuando las fábricas necesitan contratar personal acuden a los grupos de desocupados. Sobre estas bases—la lucha, la reconstrucción de los lazos sociales y la tendencia a la territorialización, el movimiento de fábricas recuperadas busca abordar uno de los grandes problemas que tiene la nueva producción social: la distribución, o sea su relación con el mercado.

Comercio y mercado

En un principio fue la solidaridad de los vecinos, a veces de forma individual, otras organizados en asambleas; el apoyo de otras fábricas, de grupos estudiantiles y de piqueteros. Cuando la fábrica comienza a funcionar la solidaridad recorre, en las experiencias concretas, dos caminos: se “institucionaliza” a través de grandes organizaciones estables como la brasileña ANTEAG, o como sucede con muchos emprendimientos argentinos, se establecen vínculos horizontales con otras iniciativas, ya sea a través de los centros culturales en las fábricas (de los que funcionan apenas media docena) o se reconvierte hacia necesidades del conjunto del movimiento, como son los problemas de la relación con el mercado.

A diferencia de lo que sucede en Brasil, donde existe un amplio movimiento vinculado a la “economía solidaria” y toda una red de distribución de productos de los campesinos sin tierra y de las cooperativas de producción, en Argentina estas experiencias se habían burocratizado y renacen desde las experiencias de base. En el pico de la crisis crecieron de forma exponencial las redes de trueque, que llegaron a involucrar entre dos y cinco millones de personas. Aunque el movimiento decayó y entró en crisis, contribuyó a instalar el debate sobre la cuestión de cómo comercializar por fuera del mercado monopólico. En todo caso, la nueva experiencia argentina busca evitar la creación de grandes estructuras que terminan quedando fuera del control de los colectivos de base, dando prioridad a las relaciones “cara a cara”.

Luego de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, que se zanjaron con la caída del presidente Fernando de la Rúa, se han estrechado vínculos productivos entre fábricas recuperadas, piqueteros, campesinos y asambleas. Uno de los rasgos comunes es que estos sectores sociales y movimientos tienden a producir sus propias vidas: grupos de piqueteros cultivan la tierra, producen pan y otros artículos, y algunos están instalando criaderos de cerdos, conejos y peces. Por su parte, unas cuantas asambleas están produciendo pan, comidas, productos de limpieza y de cosmética, y algunas colaboran con los “cartoneros”6.

Algunas asambleas están haciendo un trabajo interesante que puede ser tomado como indicador de los caminos que transitan para superar la escisión entre productores y consumidores. En Buenos Aires están funcionando unas 67 asambleas, de las cuales algo más de la mitad se coordinan territorialmente y se denominan “autónomas”. Este sector dedica esfuerzos a impulsar el “comercio justo” y el consumo solidario y consciente. Pero el comercio supone poner en contacto diferentes sectores sociales; productores rurales, piqueteros, asambleístas y obreros de fábricas recuperadas, comienzan a tejer lazos directos no mediatizados por el mercado. Dicho de otro modo, recuperan el carácter original del mercado, según el análisis de Fernando Braudel e Immanuel Wallerstein: par ambos el mercado es transparencia, beneficios exiguos, competencia controlada, liberación y es el terreno de la “gente común”7.

Las experiencias más significativas son la feria semanal de Palermo, la distribución de yerba Titrayjú y la cooperativa La Asamblearia. La feria de Palermo funciona dos días a la semana, tiene más de cien puestos de venta y comercializa sólo productos elaborados por las asambleas (bolsas de residuos, artículos de limpieza, pan, pañales, computadoras recicladas, pastas artesanales, papel reciclado, artesanías y mermeladas), grupos piqueteros y fábricas recuperadas8 La yerba Titrayjú (siglas de Tierra, Trabajo y Justicia) es producida por el Movimiento Agrario de Misiones, organización de los pequeños productores rurales de la provincia del norte argentino. Para evitar la explotación de los intermediarios, desde hace un año la yerba se distribuye directamente en Buenos Aires por 30 asambleas barriales, y por grupos piqueteros y otras organizaciones sociales, que la llevan a los domicilios de los consumidores.

La cooperativa La Asamblearia fue creada hace apenas seis meses por las asambleas de Nuñez y Saavedra, barrios de sectores de medios y altos ingresos, que recorrieron el camino que se inició en la protesta para luego abordar las compras comunitarias y finalizar, por ahora, en la creación de esta cooperativa que distribuye productos de cinco fábricas recuperadas, una cooperativa agraria y de varias asambleas. Algo similar están haciendo los ex empleados del supermercado Tigre, de Rosario, gestionado por sus trabajadores, que funciona como un centro de comercialización de productos de fábricas recuperadas de todo el país, huertas comunitarias y de pequeños agricultores.

Aunque el movimiento está dando sus primeros pasos, se están experimentando nuevas formas de comercialización que superan con mucho la experiencia del trueque. Aquella estaba centrada en la creación de una moneda alternativa y tenía vocación de masividad, en tanto las nuevas experiencias conceden prioridad a la producción y a los criterios éticos y políticos con que se produce y se comercializa, y buscan cerrar la escisión entre productores y consumidores promoviendo relaciones directas, “cara a cara.” La Asamblearia “promueve la producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios autogestionados, es decir de aquellos que son fruto y propiedad colectiva de los trabajadores”, puede leerse en el folleto de presentación de la cooperativa.9 Los tres principios que se van abriendo paso (producción autogestionada, consumo responsable y comercio justo) forman parte de la llamada economía solidaria que intentan ir construyendo para superar la dependencia del mercado.

— Raúl Zibechi

Notas:

1 Para más datos, www.anteag.org.br
2 Todos los datos provienen del trabajo coordinado por Gabriel Fajn Fábricas y empresas recuperadas, Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación, 2003.
3 Cafardo Analía y Domínguez, Paula 2003 Autogestión obrera en el siglo XXI, Centro Cultural de la Cooperación, Cuaderno de Trabajo No. 27, Buenos Aires.
4 Textualmente “aguante” es resistencia o paciencia, pero en los últimos años se viene utilizando dentro del movimiento popular como sinónimo de solidaridad activa en situaciones críticas.
5 Periódico IMPACTO, publicado por trabajadores de IMPA.
6 Cartoneros son desocupados que en las grandes ciudades recogen cartón que los venden a mayoristas.
7 Immanuel Wallerstein, “Braudel y el capitalismo o todo al revés”, en Impensar las ciencias sociales, México, Siglo XXI, 1998, p. 231.
8 Muracciole, Jorge, 2003 “Economía asamblearia en acción”, en Proyectos 19/20, No. 4, mayo-junio.
9 Para más información, www.asamblearia.com.ar

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