El esquema de integración de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se inscribe actualmente en el modelo de acumulación neoliberal que acentuó su vigencia en los países integrantes a partir de inicios de los noventa. La reducción significativa del rol regulador del Estado y de sus márgenes de acción para definir políticas económicas ha facilitado la actividad exportadora con un perfil altamente concentrado. Un núcleo muy reducido de grandes empresas acumula crecientes segmentos del mercado, mientras que la pequeña y mediana producción tiene escasa incidencia en el comercio intrasubregional e internacional. Ello, a pesar que generan más de 70% del empleo en la región andina.

En este contexto, la estrategia norteamericana de conformar un Área de Libre Comercio Americana a través de la firma de Tratados de Libre Comercio, consolida este modelo de desarrollo y dificulta las iniciativas regionales de integración debido, entre otros, a que se pierden las preferencias comerciales y de otro tipo que se otorgan entre sí los países –al extenderlas a los países industrializados con los que se firman Tratados de Libre Comercio–. A pesar de estas consideraciones, los gobiernos de los países andinos sostienen que los TLC con Estados Unidos, contribuirán a fortalecer la integración subregional.

Con el TLC el esquema de integración andino no sólo corre el riesgo de escindirse, pues Vene­zuela no lo firmará y la compleja situación polí­tica y social de Bolivia, podrían impedir su in­greso. La CAN corre también el riesgo de con­vertirse en un cascarón vacío y sin rumbo, su­mergido en el esquema globalizador que impri­men los países industrializados, especialmente Estados Unidos en la región. La Secretaría Ge­neral de la CAN, por exigencia de Estados Uni­dos, no participa de las negociaciones. Cuando se concluya el Tratado, será informada, pero no podrá objetarlo.

Los TLC representan también una cuña para el proyecto de construcción de un espacio político y económico de integración en América del Sur luego de la creación de la Comunidad Su­damericana de Naciones en diciembre de 2004. Asimismo, debilita las acciones conjuntas que adoptan los países subdesarrollados en los foros multilaterales como la OMC y OMPI. Afectan también los flujos intrarregionales, con proba­bles desvíos del intercambio hacia EE UU. Los países que no tengan suscritos estos Tratados registrarán, probablemente, pérdidas netas. Esto ocurriría también a nivel subregional andino, al estar Venezuela fuera de éstas negociaciones y, Bolivia –por el momento– en calidad de obser­vador.

Sólo cuatro de los cinco países miembros de la Comunidad Andina, aquellos beneficiarios de la Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga en los Andes (ATPDEA), participan de las negociaciones. Venezuela no ha sido parte de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) 1, predecesora de la ATPDEA, ni lo es actualmente de esta última. A pesar de ser Boli­via país beneficiario del ATPDEA, tampoco participa como miembro pleno de las negocia ­ ciones y sólo lo hace en calidad de observador.

Las exportaciones andinas a Estados Unidos están constituidas básicamente por productos basados en recursos naturales y su ingreso al mercado norteamericano registra aranceles muy reducidos. La mayor parte de las exportaciones entran al mercado norteamericano con aranceles bajos, ya sea en el marco de la Cláusula de la Nación más Favorecida (MFC) o del Sistema Generalizado de Preferencias. El móvil principal de los países andinos para suscribir un TLC es mantener el ingreso libre de aranceles para pro ­ ductos como textiles y agrícolas de exportación al mercado norteamericano en el marco del ATPDEA. Este programa vence en diciembre de 2006.

El camino de las negociaciones iniciado por los países andinos en mayo de 2004, ha sido más extenso y espinoso de lo previsto. Los gobiernos las iniciaron sin tener conocimiento del impacto que tendrían, entre otros, la liberalización de los sectores agrícolas tradicionales y el fortaleci ­ miento de los derechos de propiedad intelectual en el acceso a la salud y al conocimiento.

Hay críticas crecientes al interior de los países andinos, lo cual hace pensar que el gobierno norteamericano tendría que replantear la rigidez de sus planteamientos y su estrategia de dejar los temas sensibles para el final, tal como lo hizo con México, Chile y Centroamérica. La suspensión de las negociaciones del TLC con Panamá, producto del rechazo de su gobierno a aceptar la propuesta agrícola norteamericana durante la que se suponía sería la última ronda en Washington, en enero de este año, es una muestra más del agotamiento de su estrategia.

El escenario descrito pone en evidencia que no serán precisamente los temas comerciales los que impulsarán y darán el mayor sustento a los organismos subregionales de integración. Por ello, es fundamental que los gobiernos de la Comunidad Andina, y en un ámbito más exten ­ so, de la Comunidad Sudamericana de Naciones, les otorguen mayores atribuciones políticas a estas instancias regionales para que tengan ma ­ yor protagonismo en casos de inestabilidad polí ­ tica y social como las ocurridas en Ecuador y Bolivia. Así se evita dejar el rol de arbitraje úni ­ camente a la OEA, organismo a través del cual se imponen condicionamientos con influencia de Estados Unidos.

La negociación de los recursos naturales

El hecho que las exportaciones de recursos natu­rales ingresen a los mercados de los países in­dustrializados con aranceles muy reducidos y, en muchos casos, exentos de ellos, da lugar a que se piense que su gestión no es tema de ne­gociación en los TLC. Todo lo contrario. Hay una vinculación muy estrecha con su desarrollo sostenible, pues reafirman el modelo productivo primario exportador, característico de la mayoría de economías latinoamericanas.

Salvo el caso del TLC de México con Estados Unidos y Canadá –que establece un capítulo sobre energía en el que se establece un trata­miento especial al petróleo, gas, electricidad y petroquímica básica–no existe una mesa de ne­gociación dedicada exclusivamente a temas de recursos naturales. Sin embargo, los capítulos de inversión extranjera, servicios, propiedad inte­lectual y medio ambiente, tienen una vincula­ción muy estrecha en su gestión.

Es importante tener en cuenta que después del fin de la guerra fría, los países industrializados, han concedido una mayor importancia estratégi­ca, de la que siempre han otorgado, al aprovi­sionamiento de los recursos naturales. En el do­cumento Santa Fe IV de fines del 2000 –que orienta la política norteamericana hacia la re­gión– se señala que uno de los elementos geoes­tratégicos fundamentales para su seguridad na­cional, radica en que los recursos naturales del hemisferio estén disponibles para satisfacer su demanda. Garantizar el libre flujo del comercio e inversiones en las actividades económicas vin­culadas a dichos recursos, las rutas de acceso a los yacimientos de crudo y minerales, así como la provisión del potencial genético presente en la enorme biodiversidad existente en el Hemisferio Sur, especialmente en América Latina, constitu­yen objetivos centrales en la estrategia de segu­ridad nacional de la mayoría de países industria­lizados.

Los TLC constituyen un medio uniforme que facilita el comercio y, en el ámbito de los recursos naturales, buscan evitar todo tipo de restric­ciones a su acceso y facilitar la participación de las empresas transnacionales en todas las fases del proceso productivo, independientemente de su condición de empresas nacionales o extranje­ras. Por eso, buscan que los países otorguen tra­to nacional a los proveedores norteamericanos en las compras que realizan las empresas estata­les, especialmente las petroleras, que aún man­tienen algunos países latinoamericanos. Buscan asimismo, que mediante un tratado internacional se siga eximiendo a las inversiones de requisitos de desempeño. Esto quiere decir que los gobier­nos no podrán exigir el cumplimiento de requisi­tos tales como alcanzar un determinado grado de contenido nacional; otorgar preferencia a bienes o a servicios producidos localmente; relacionar el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones, o el monto de las entradas de divisas con la inversión realizada; topes o condicionamiento de importa­ción de insumos, exigencias de transferencia de tecnologías, entre otras.

Además, buscan apuntalar todo tipo de garantías a las inversiones como es el caso del mecanismo de solución de controversias que permite a las empresas demandar a los Estados nacionales y su solución mediante arbitrajes internacionales. Ello conlleva una restricción en la participación del Estado en la definición de políticas sectoria­les, en momentos en que las actividades de las empresas transnacionales vinculadas a la indus­tria extractiva son crecientemente cuestionadas.

Otro ámbito importante de resaltar con respecto a la seguridad estratégica que representa el con­trol de los recursos naturales, es la biodiversi­dad. Hay un reconocimiento creciente a nivel internacional del hecho que los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos están sien­do actualmente utilizados para generar inven­ciones que luego son patentadas en el extranjero, mereciendo, los titulares de tales patentes, derechos exclusivos sobre esas invenciones. En dicho proceso, ni los Estados sede de estos recursos, ni los pueblos indígenas reciben compensa­ciones, y más bien, deben afrontar el costo que significa acceder al producto generado (pagando patentes) gracias a dichos conocimientos o re­cursos.

No hay un instrumento internacional que delimi­te y regule claramente este tema, razón por la cual, la apropiación indebida de recursos genéti­cos y conocimientos tradicionales no se ha redu­cido. Por eso, los TLC vienen siendo un meca­nismo funcional a los intereses de las corpora­ciones vinculadas a las actividades antes men­cionadas. En estos Tratados se omiten referen­cias a los derechos de acceso a los recursos ge­néticos, la biodiversidad del territorio y los co­nocimientos tradicionales. No se invocan princi­pios como la participación en los beneficios (profit-sharing) entre las comunidades nativas y los inversionistas extranjeros en el uso de los recursos biológicos que aquellas han utilizado y mejorado mediante selección natural desde tiempos remotos.

Ello ocurre a pesar que estos principios están reconocidos en el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) vigente desde 1994, que con­templa “la participación justa y equitativa de los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos” y reafirma el derecho sobe­rano de los países sobre dichos recursos. Estados Unidos no ha ratificado el CDB y en los TLC no se demanda la adhesión a este Convenio Inter­nacional, del que son parte más de 180 Estados del mundo, incluidos todos los países latinoame­ricanos que han suscrito ya, o se encuentran ne­gociando un TLC.

Los tres países andinos que actualmente nego­cian el TLC con Estados Unidos, en su doble condición de suscriptores del CDB, y miembros del Grupo de Naciones Mega-Biodiversas, exi­gen que en el Tratado se establezca una regla­mentación en la que se expliciten claramente los términos de acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales de la población, en los que la contraprestación económica o de cooperación para su conservación y desarrollo deben ser principios rectores.

End Notes

1. Ley de Preferencias Andinas (Andean Trade Pre­ference Act) vigente entre 1991 y 2001 mediante la cual un número importante de productos de ex­portación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú podían ingresar libre de aranceles. Los países be­neficiarios estaban sujetos a una revisión anual sobre el cumplimiento algunos criterios políticos y económicos establecidos para ser beneficiarios del programa.