Visto con los ojos de la historia, el gobierno de George W. Bush será recordado como uno en que las violaciones al derecho, en cualquiera de sus acepciones: internacional, constitucional, derechos humanos, se realizaron de la manera más flagrante y cínica que sea posible concebir. Y esto no sólo en la historia de Estados Unidos sino en la mundial, al lado de muchos cuyos nombres exceden este espacio.
Ahora se ha propuesto levantar un muro de más de 1200 kilómetros en nuestra frontera, dejando “libres” las zonas de más difícil paso para nuestros inmigrantes, lo cual inevitablemente se traducirá en más muertes para los mexicanos que aún se aventuren a buscar del otro lado el “sueño americano”. El muro revela otra vez la mentalidad xenofóbica y absolutamente discriminatoria hacia el “otro”, siendo ese “otro” nuestros connacionales atraídos por la ilusión de más generosos puestos de trabajo más allá de la frontera. Connacionales que han contribuido con millones de hombres y horas de trabajo a la riqueza de esa nación, realizando labores que rechazan ya y no desempeñan los estadounidenses.
Como dijo bien hace unos días Los Angeles Times : “La iniciativa migratoria que aprobó el Congreso estadounidense es una cínica pariente de la Proposición 187 de California, que elimina salud y educación a los inmigrantes”, una iniciativa (la republicana de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la Inmigración Ilegal) que endurece la seguridad fronteriza y propone la construcción de un muro.
La sola aplicación de la ley no detendrá el flujo de inmigración ilegal, planteó el líder del Partido Demócrata en el Senado de Estados Unidos, Harry Reid, en una carta enviada al presidente George W. Bush, en la cual le demanda “que actúe con firmeza frente al ala derecha de su partido y que haga lo correcto” ahora que está a discusión la iniciativa de ley Sensenbrenner, que busca endurecer drásticamente las disposiciones legales en contra de la migración. La ley define como delito la carencia de los debidos documentos migratorios, lo cual es una novedad que abre las puertas a la acción de cualquier policía de ese país, inclusive las locales.
Entre los argumentos de este congresista está el recuento de las medidas que ha tomado el gobierno Bush en los últimos años, todas de carácter policiaco, que lejos de disminuir el flujo de inmigrantes mexicanos sólo ha aumentado el número de sus muertos. “Esta estrategia, dice el senador demócrata, enfocada solamente a la vigilancia policíaca, no detiene el flujo migratorio ilegal y su resultado único es fomentar el cruce en áreas más remotas, en las que aumenta el peligro de muerte. Recuerda además que entre el 10 de octubre de 2004 y el 30 de septiembre de 2005 se rompió el récord de fallecidos tratando de cruzar la frontera con un total de 248 personas.
Todavía hay esperanza de que el senado estadounidense entre en razón y rechace las medidas fascistoides y violadoras de los derechos humanos que impulsa el gobierno Bush.
Claro está que deben apoyarse entonces las posturas expresadas por Vicente Fox y Ernesto Derbez, pese a su tibieza, cuando dice por ejemplo el mandatario que “a nosotros nos parece una vergüenza ese muro, nos parece que no debía existir en la relación entre México y Estados Unidos un muro de esa magnitud”. O Cuando el Secretario de Relaciones Exteriores llama a una reacción latinoamericana contra el muro, que no se ha hecho esperar. Chile, varios países centroamericanos, y por supuesto Hugo Chávez y Fidel Castro expresaron ya su enérgico repudio a la construcción de ese muro de la ignominia.
La Comisión Permanente del Congreso en México formuló por su parte el “más absoluto rechazo a las medidas fascistas, xenofóbicas y profundamente violatorias de los derechos humanos y los tratados internacionales” contenidas en la iniciativa en materia de inmigración recientemente aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y debe estarse de acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos José Luis Soberanes cuando afirmó “que con la construcción del muro fronterizo para contener la migración, el gobierno estadounidense emula al antiguo régimen de la Alemania nazi”.
Pero hay dos señalamientos que también se formularon en días pasados y que son dignos de tomarse en cuenta: uno, que la protesta por el desprecio hacia los mexicanos que significa ese muro no se compadece con nuestro trato hacia los centroamericanos que intentan cruzar por México, y que se distingue también, demasiadas veces, por un marcado desprecio a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y a la propias leyes de nuestro país. No parece ser la postura oficial, pero el alto grado de corrupción sin control de muchos de los agentes migratorios de este lado, nos sitúan igualmente en el terreno escabroso de graves violaciones a los derechos humanos, lo cual es absolutamente inadmisible.
La segunda tiene que ver con un señalamiento de Fidel Castro: el “frente” contra el muro debe incluir también a los países europeos, que tanto protestaron por el Muro de Berlín. Nuevamente esos gobiernos, tan atentos de dientes para fuera a reclamar las violaciones de los derechos humanos cuando parecen afectarlos, han mantenido hasta ahora un silencio sepulcral. Ellos debieran también mostrar dignidad y objetividad política pronunciándose enérgicamente en contra de este nuevo atropello a los derechos humanos de los mexicanos y de esta violación flagrante a los más elementales principios del derecho internacional. Una ética elemental así lo exige.
Pero no se queda allí el ánimo violatorio de la pandilla Bush incrustada en el gobierno de Estados Unidos. En estos días se ha abierto otro escándalo que pudiera tener dimensiones mayores. Se trata de la aplicación extensiva de la famosa Acta Patriótica aprobada en 2002 por el Congreso y que según se ha revelado (por The New York Times) ha servido de instrumento ilegal para el espionaje de ciudadanos estadounidenses, sin la debida autorización de un juez, como lo dispone la Constitución de ese país.
Como se sabe, desde el inicio de 2005 el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a cuya cabeza está el descendiente de mexicanos Alberto Gonzáles, emitió 255 órdenes de cateo e investigación por simple sospecha y sin orden judicial, en violación de la ley y de una fundamental tradición estadounidense que exige una razonable causa fundada para tales decisiones. Ahora resulta que muchas de esas investigaciones no han estado vinculadas al terrorismo sino que han sido del orden común (local o federal), por crímenes violentos y narcotráfico, habiéndose ampliado grandemente y de manera arbitraria el poder policiaco (The Nation).
Por supuesto la cantinela justificativa de los allegados a Bush, el Vicepresidente Dick Cheney, el Procurador Alberto Gonzáles y la Secretaria de Estado Condoleezza Rice es que, como “Jefe de las Fuerzas Armadas” en la “guerra contra el terror”, el presidente no tiene por qué sujetarse a las limitaciones constitucionales que se le imponen al ejecutivo.
Las críticas le han llovido a Bush por su abuso de poder. Por ejemplo, el senador Edward Kennedy expresó: “El presidente no está sobre la ley: no es el Rey Jorge … y ahora, con vergüenza, nos enteramos de que tenemos una administración que rechaza los procedimientos legales que le exigen obtener la orden de una corte judicial antes de espiar a cualquier persona dentro de Estados Unidos. Y con indignación nos enteramos de que la administración piensa que no debe acatar la ley de esta tierra … no solamente eso: la administración parece decirnos que ella es la ley.”
Precisamente porque el Acta Patriótica está implicada en la sistemática violación de los derechos humanos y otros abusos, se sometió nuevamente a la discusión del legislativo estadounidense. La preocupación mayor es la de reestablecer los “checks and balances” que contiene la Constitución. “Me niego a seguir escuchando, de cualquier funcionario, que este gobierno se ha ganado la confianza de ejercer el poder como le viene en gana, ya que ese poder le fue otorgado con imitaciones y obligaciones”, expresó el Senador Feingold, el único republicano en votar en contra del Acta en el año 2001.
El viernes 17 de diciembre el Senado de Estados Unidos rechazó la autorización de revalidar un buen número de disposiciones del Acta Patriótica después de que una serie de críticos establecieron que atropellaba la libertad y la privacidad de los ciudadanos. Tal negativa ha sido interpretada como un fuerte revés a la administración Bush.
Decididamente, Bush y su administración pasarán a la historia como uno de los gobiernos más agresivos y cínicos en la violación de la ley y de los derechos humanos, con apenas unos cuantos parangones en la historia de la humanidad.
Víctor Flores Olea es escritor y ensayista político mexicano. Ha ocupado los cargos de Director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM; Embajador de México ante la URSS, la UNESCO, y la ONU; Subsecretario de Relaciones Exteriores y Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Es contribuidor al IRC Programa de las Américas www.americaspolicy.org.
