Durante mucho tiempo, los mexicanos han luchado duro para darle democracia a su país. De ahí que sea particularmente lamentable el espectáculo que dan las actuales elecciones presidenciales.

Conforme se acerca la elección del 2 de julio, decae el nivel de la campaña. Felipe Calderón, candidato del Partido Acción Nacional ( PAN) ha sido criticado por una serie de anuncios televisivos malintencionados—uno que compara a Andrés Manuel López Obrador, puntero en la campaña, con Hugo Chávez, y otro donde inexplicablemente se ataca a Elena Poniatowska, una de las autoras y periodistas más renombradas de la nación, simpatizante de López Obrador.

La más reciente campaña del PAN afirma oscuramente que López Obrador es “un peligro para México”. En un contexto donde está fresco el recuerdo del asesinato de un candidato presidencial en 1994, se percibe este mensaje como algo que rebasa la práctica aceptada de atacar la plataforma política del oponente, y como algo que contribuye a un clima de potencial violencia.

En respuesta, López Obrador ha llamado a una tregua en torno a las denuncias públicas de los oponentes, no sin antes llamar “chachalaca” al presidente, algo que en México significa pájaro ruidoso. El tercer candidato en la contienda, Roberto Madrazo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también ha sido recriminado por insultar a los otros.

El debate presidencial del 25 de abril no contribuyó mucho a amainar el tono de los insultos o para alentar una discusión más constructiva. López Obrador rehusó participar y los otros candidatos invirtieron mucho tiempo en atacarse unos a otros y poco tiempo en hacer propuestas concretas de su política.

Aunque la ley federal electoral prohibe el uso de los medios u otros materiales de campaña para denigrar a los oponentes, las aún bisoñas instituciones electorales mexicanas han hecho poco por impedir que se lancen lodo unos a otros. El Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó un panfleto de campaña del PAN, destinado a los votantes en el extranjero, que alega que como jefe de gobierno de la ciudad de México, López Obrador disminuyó el empleo, dejando entrever que si fuera electo presidente, el resultado sería de crisis e inestabilidad financiera.

En medio de las críticas a la permisiva actitud del IFE, que no parece hacer valer sus propias reglas, la rama judicial ha tomado una actitud un poco más propositiva. El Tribunal Electoral desechó la decisión del IFE y falló que el panfleto del PAN era una violación a la norma que dice que el material electoral “debe contener información objetiva sobre los candidatos, relacionada directamente con sus plataformas electorales”.

Otros fallos recientes ordenan al presidente Fox, del PAN, que ponga fin a los comerciales que implican que las obras públicas llevadas a cabo en su periodo de gobierno son logros de su partido político o exigen al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que haga más transparentes sus procedimientos para la selección de candidaturas internas. A todo lo largo del periodo de campaña este partido se ha visto entorpecido por sus propias divisiones internas y sus feudos públicos.

Para enlodar más las aguas en este periodo pre-electoral, el Congreso aprobó recientemente una ley que reforma la normativa estatal de los medios de comunicación. Conocida como “Ley Televisa”, en referencia a uno de los dos gigantes de los medios masivos que efectivamente obtienen privilegios monopólicos con esta nueva ley, la reforma entorpece también el acceso igualitario y los requisitos del servicio público y hace más difícil que los sistemas públicos de difusión obtengan permisos y puedan operar. Hace mucho que los dueños de las dos corporaciones televisivas son importantes jugadores en la política y sus oponentes temen que el poder que les concede la ley conduzca a un sesgo todavía más grande en los medios durante la temporada de campañas. Actualmente dicha ley enfrenta objeciones constitucionales.

El camino de México rumbo a unas elecciones justas ha sido muy empedrado. En 1988, un líder de oposición, Cuauhtémoc Cárdenas, ganó la presidencia con el voto popular. Pero a Cárdenas se le impidió asumir el cargo y el gobierno del PRI continuó su dominio de más de medio siglo instalando a su propio candidato, Carlos Salinas de Gortari. Después comenzó una transición a medias que llevó al establecimiento de instituciones que garantizaran reglas claras y elecciones justas, lo que eventualmente condujo al fin del dominio de un solo partido. Muchas vidas ha costado este camino. Hoy, las instituciones electorales de México siguen siendo imperfectas y sujetas a manipulación, por lo que falta que se dé cumplimiento pleno a los derechos ciudadanos.

Contar con candidaturas viables procedentes de los tres principales partidos, y con plataformas políticas que significan un mayor rango de opciones que en el pasado, posibilita que los ciudadanos tengan más poder de efectuar un cambio en estas elecciones que en campañas previas. Pero las elecciones de 2006—las primeras que serán presididas por un partido de oposición—han resultado ser decepcionantes hasta el momento. El fallido intento de impedir que López Obrador fuera uno de los contendientes, sometiéndolo a proceso judicial en su carácter de jefe de gobierno del Distrito Federal, manchó el proceso desde antes de que comenzara. Los actuales fallos judiciales indican que el presidente y su partido operan en los bordes de la frágil legalidad electoral del país.

Unas elecciones justas, informadas y participativas son un importante vehículo para lograr una democracia real. Sería una vergüenza que quedaran atascadas en el lodo.