El anuncio del gobierno de Venezuela de retirarse de la Comunidad Andina (CAN) pone fin a la conflictiva convivencia que prevalecía entre los países miembros desde que se iniciaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en mayo de 2004. En julio de ese mismo año, en el XV Consejo Presidencial Andino realizado en Quito, el presidente Chávez advirtió a sus socios andinos que la suscripción de TLC con Estados Unidos pondría en riesgo la integración regional.

“Respetamos la decisión de Colombia, de Ecuador, de Perú, de cualquier país hermano. Sin embargo, nos preocupa porque el planteamiento de integración de Estados Unidos es un riesgo para nuestros pueblos... No nos negamos a una integración con el Norte (Estados Unidos), pero todos los países que conforman el organismo subregional andino deberíamos revisar los tiempos... La prioridad de la CAN debería ser consolidar su proceso de integración para posteriormente negociar con el Norte en condiciones de igualdad, pero no en condiciones de subordinación”.

Era previsible y evidente que un TLC de los países andinos con Estados Unidos impediría los objetivos de integración establecidos en el Acuerdo de Cartagena, así como su convergencia con otros procesos de integración latinoamericanos. La CAN no solo corría el riesgo de escindirse sino también de convertirse en un esquema sumergido en el proyecto globalizador que imprimen los países industrializados, especialmente Estados Unidos, en la región.

Independientemente de los juicios de valor, los resultados de la negociación han dado lugar a que deban modificarse un conjunto de aspectos de la normativa andina para que ambos tratados sean compatibles.

Durante el proceso de negociación, el gobierno norteamericano exigió que los beneficios arancelarios que le otorgan los países andinos en el marco del TLC no fueran extendidos a Venezuela. El Acuerdo de Cartagena establece que si alguno de los países miembros concede beneficios o trato preferencial a otro u otros fuera del bloque subregional en el marco de alguna negociación comercial, estos deben ser extendidos a los demás socios. Este hecho, y la visión política antineoliberal–que por lo menos en el discurso plantean los gobiernos en el Mercosur–dieron lugar a que Venezuela solicitara su ingreso como socio pleno, hecho que fue aceptado durante la reunión de presidentes de este grupo en diciembre pasado. La decisión fue apoyada sobre todo por Argentina, que ve en este país un contrapeso en su relación con Brasil, y un importante socio comercial. Este fue el primer paso de su separación de la CAN. El hecho de pasar a ser miembro pleno del Mercosur conlleva derechos y obligaciones más profundas como la adopción del arancel externo común de este bloque subregional.

Adicionalmente, ser miembro pleno implica el compromiso de llevar a cabo negociaciones internacionales de comercio de manera conjunta. Por eso, Venezuela no tuvo en cuenta que el anuncio de su retiro coincide con un encuentro, en Bruselas, de la comisión mixta Unión Europea-CAN que analiza al posible lanzamiento de negociaciones de un TLC entre ambos bloques.

La decisión de retirarse de la CAN fue tomada en Asunción, ciudad donde se reunió con los presidentes de Paraguay, Bolivia y Uruguay para discutir un proyecto sobre la construcción de un gasoducto entre los tres últimos países. Señaló que se iba a un Mercosur alejado del neoliberalismo y que si no se hacía una reforma profunda podría ocurrirle lo mismo que a la CAN.

En la misma reunión, el presidente de Uruguay, apoyado por el de Paraguay, manifestó que el Mercosur, en las condiciones actuales, no sirve a los intereses de su país. Sin embargo, a pesar de las innumerables dificultades que afligen a este organismo, las críticas no exentas de razón de los socios menores y las profundas discrepancias, sobre todo comerciales entre Argentina y Brasil, prevalece una visión común de hacer de este organismo una instancia con presencia política en los foros internacionales que le permita tener un mayor poder de negociación. El escenario actual sugiere que la Comunidad Andina tendrá que abandonar definitivamente su objetivo de convertirse en un mercado único y eventualmente transformarse en un organismo de cooperación.