Diga “el regreso” cuando discute sobre Haití, y la gente que sigue los acontecimientos en el país sabrán que está hablando del regreso del ex Presidente Jean-Bertrand Aristide de su exilio en Sudáfrica. El señor Aristide fue expulsado de Haití mediante un golpe de Estado, en febrero de 2004, y enviado contra su voluntad a la República Centroafricana en un avión del gobierno estadounidense. Desde entonces, se estableció en Sudáfrica, por invitación del gobierno de ese país, pero ha dicho siempre que volverá a Haití cuando las condiciones sean propicias.

Las condiciones cada vez son más propicias, aunque el Presidente Aristide regresaría ahora como un ciudadano privado. El presidente René Preval fue electo el 7 de febrero y tomó posesión el 14 de mayo de 2006. Sus Ministros fueron ratificados por el Parlamento el 7 de junio, sustituyendo al brutal e inconstitucional gobierno interino que había gobernado desde el golpe de Estado.

La posibilidad del regreso del Presidente Aristide genera reacciones apasionadas a favor y en contra en Haití, pero también en Washington y en otras capitales del mundo. El regreso por lo general se discute en términos del probable papel que jugaría el Presidente Aristide en la vida política haitiana, pero la controversia plantea dos preguntas importantes más allá de la política: ¿qué derecho tiene cualquiera para intervenir en la decisión de un ciudadano privado haitiano de vivir dentro de su país o fuera de él? Y ¿qué dice la controversia sobre la mucho más amplia cuestión del regreso—del regreso de la democracia plena y la soberanía a Haití?

La prensa extranjera pregunta constantemente al Presidente Preval sobre el regreso, y él da una respuesta simple. Como le dijo a Le Monde, de Francia: “no me toca a mí tomar la decisión”. Preval cita el Artículo 41 de la Constitución de Haití, que establece que “ningún individuo de nacionalidad haitiana puede ser deportado o forzado a abandonar el país por ninguna razón” y el Artículo 41-1 que agrega que: “ningún haitiano necesita una visa para dejar el país o para volver a él”. El Presidente Preval afirma que él tiene la intención de cumplir con los Artículos 41 y 41-1.

Varios comentaristas han dicho que el Presidente Aristide tendría que enfrentar una posible acción legal en su contra si vuelve a Haití, o si va a Estados Unidos. Esto es cierto para cualquier ciudadano en cualquier país, pero es independiente del derecho de regresar a casa. Más aún, aunque la prensa extranjera ha reportado ampliamente sobre investigaciones criminales contra el Presidente Aristide en ambos países, no hay ningún cargo criminal en su contra. El Gobierno Interino y sus aliados con frecuencia hicieron, ante la prensa, acusaciones de actividad criminal en contra del Presidente Aristide, pero durante los últimos dos años, nunca abrieron un solo expediente en el sistema de justicia haitiano.

Las autoridades interinas sí interpusieron una demanda civil contra el señor Aristide y varios otros en la Corte Federal de Miami y lanzaron una impresionante campaña de relaciones públicas —que incluyó conferencias de prensa, reuniones informativas y seminarios en Washington— para acompañar la demanda. Pero ellos no siguieron el caso en la Corte. Ocho meses después de haber interpuesto la demanda, ni uno solo de los demandados ha sido notificado de la denuncia (que es el segundo paso y por lo general se hace inmediatamente). Un jurado de acusación estadounidense ha pasado dos años investigando el tráfico de drogas y el lavado de dinero entre Puerto Príncipe y Miami, y aún cuando se ha anunciado muchas veces a la prensa que cuentan con “el arma humeante” contra el Presidente Aristide, ni una sola acusación ha sido emitida desde el palacio de justicia.

Los Artículos 41 y 41-1 deberían poner fin a la discusión sobre el regreso, pero, una vez más, no se permite que la Constitución de Haití tenga la última palabra. Los países que, en 2004, usaron su poderío financiero y militar para remover al Presidente Aristide — Estados Unidos, Canadá y Francia— ahora usan su influencia diplomática para dejarlo fuera. Estados Unidos, una vez más, toma el liderazgo, con su agresividad característica. Antes de que los votos de la elección presidencial del 7 de febrero hubieran llegado a las oficinas centrales electorales, Tim Carney, el embajador estadounidense en funciones predijo que la elección “va a demostrar… que Jean Bertrand Aristide es un hombre del pasado”. Más tarde esa misma semana, el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Sean McCormack, dijo a los reporteros que Aristide “está en Sudáfrica, y yo esperaría que él se quedara allá”, y que “pensamos que el gobierno haitiano debería estar considerando con impaciencia su futuro, no su pasado”. El diputado y portavoz del Departamento de Estado, Adam Ereli, agregó: “Nosotros entendemos que el gobierno de Haití está mirando hacia delante, no hacia atrás. Ellos tienen una democracia que construir, y el futuro no está en el pasado. Aristide es del pasado” (las cursivas no son nuestras).

Este mensaje fue repetido mucho más allá de la Administración Bush. El ex Secretario de Estado Adjunto, Roger Noriega, declaró que para Preval el regreso de Aristide “sería el final de su capacidad para gobernar el país”. Lawrence Pezzullo, el enviado especial del ex Presidente Clinton a Haití, advirtió “si [Preval] trae a Aristide de regreso, esa cosa estallará”. El International Crisis Group (Grupo de Crisis Internacional) añadió que el regreso de Aristide “sería un suceso muy polarizante y divisionista que podría dañar en forma definitiva el esfuerzo por hacer avanzar a Haití”. Ninguno de estos expertos mencionó siquiera que fue la remoción de Aristide en 2004 lo que condujo a una violencia sin precedentes—miles de muertos—para no mencionar la reversión del avance democrático logrado con gran esfuerzo durante diez años.

Brigitte Girardin, Ministra para la Cooperación y el Desarrollo, de Francia, visitó Sudáfrica en abril, y una de las prioridades en su agenda de discusiones con el ministro de Asuntos Exteriores Nkosazana Dlamini-Zuma era rechazar el regreso de Aristide. Canadá, Francia, e incluso algunos países sudamericanos abordaron al Presidente Sudafricano Thabo Mbeki—cuando fue a Chile en marzo para la toma de posesión de la Presidenta Michelle Bachelet—para decirle que no permitiera el regreso de Aristide.

El hecho de que un espectro tan amplio de funcionarios y comentaristas no haitianos sientan que pueden presionar el gobierno de Haití para privar a un ciudadano de su derecho constitucional a vivir en su patria, plantea una pregunta obvia: ¿en qué medida la democracia ha regresado realmente a Haití, y cuánta democracia permitirá la comunidad internacional?

Son pocos los precedentes—si acaso hay alguno—en el sentido de que los países poderosos del mundo mantengan fuera de su propio país a un Presidente que fue electo, pero ese nivel de intromisión es rutinario para Haití. El 17 de febrero de 2004, al tiempo que los insurrectos tomaron algunas ciudades en el norte de Haití, el Secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, reafirmó que el Presidente Aristide era el Presidente constitucional de Haití, y anunció que Estados Unidos “no puede comprometerse con una propuesta que dice que el Presidente electo debe ser forzado a renunciar por bandoleros y por aquellos que no respetan la ley y están imponiendo una violencia terrible al pueblo haitiano”. Pero doce días más tarde, el Departamento de Estado del señor Powell subió por la fuerza en un avión al Presidente Aristide, entregando Haití a los bandoleros que trajeron una terrible violencia al pueblo haitiano—más de 4,000 asesinados, cientos de disidentes políticos encarcelados ilegalmente, y un aumento criminal del hambre y las enfermedades. Las Naciones Unidas, cuya carta constitutiva proclama “el respeto al principio de igualdad de derechos y a la autodeterminación de los pueblos”, rechazó la solicitud de ayuda hecha por el gobierno elegido, antes del golpe de Estado. Sin embargo, a unas horas de la salida del Presidente Aristide y, por añadidura, en un domingo por la mañana, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había autorizado una misión militar a Haití, no para restituir a las autoridades constitucionales, sino para consolidar su derrocamiento. La Organización de Estados Americanos, que tenía una recién acuñada Carta Interamericana Democrática, diseñada para responder a las amenazas en contra del orden democrático de los Estados miembros, nunca censuró el golpe de Estado.

Si el ex Presidente de Haití tiene problemas para viajar hacia Haití, el actual Primer Ministro, Jacques-Edouard Alexis, tiene problemas para viajar desde Haití. A principios de mayo, Canadá anunció que él está impedido de viajar a ese país, debido a que su nombre aparece en una lista de personas acusadas de “crímenes contra la humanidad”. El gobierno canadiense admite que no tiene ninguna prueba específica contra el señor Alexis. Hace una vaga referencia a la masacre de Carrefour Feuilles —una matanza hecha por la policía contra los miembros de una supuesta banda—sucedida durante su gestión anterior como Primer Ministro en 1999. Irónicamente, el gobierno del señor Alexi enjuició en forma enérgica aquella matanza—varios jefes de la policía de alto rango fueron consignados por asesinato y encarcelados—y las Naciones Unidas, así como grupos defensores de derechos humanos, aclamaron el enjuiciamiento considerándolo como un gran paso en la lucha en contra de las graves violaciones de derechos humanos. Canadá afirma sentirse apenada e informa que está examinando el asunto, sin embargo, casi dos meses después de que se planteó esta cuestión, el nombre del Sr. Alexi está todavía en la lista.

Es difícil imaginar un trato similar entre los países más poderosos del mundo: Al Primer Ministro de Inglaterra, Tony Blair, presionando al Presidente Bush para que prohiba los discursos contra la guerra del ex Vicepresidente Gore, por ser “ un hombre del pasado”. O al Embajador estadounidense en Francia amonestando a los parlamentarios socialistas “divisionistas”, quienes el mes pasado llamaron a emitir un voto de desconfianza contra el gobierno francés. En Canadá, diversos abogados y grupos de derechos humanos presentaron amplias evidencias de la responsabilidad de George Bush por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, antes de su visita de diciembre de 2004. Desde luego, el gobierno canadiense se negó a invocar sus leyes que prohiben la entrada al país de violadores de los derechos humanos—las mismas leyes que aplicaron al Sr. Alexis—a pesar de la amplitud de las pruebas en contra del Sr. Bush, y la ausencia de las mismas en el caso del Sr. Alexis.

Los haitianos tienen una expresión que usan en el mercado para el doble estándar—de pwa, de mezi(literalmente: “dos pesos, dos medidas”), que está siendo utilizada frecuentemente en las discusiones sobre el tratamiento que da la comunidad internacional a su país. Los haitianos, con diversos niveles de aprobación sobre la gestión del Presidente Aristide, convienen en que su exilio forzado es, de hecho, otro ejemplo de pwa de mezi: los países poderosos, que predican el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho y la soberanía nacional, se niegan a aplicar dichos principios cuando éstos se interponen en el camino de lo que quieren hacer con Haití. Así, para ellos, el regreso físico del Presidente Aristide es sólo una parte de un regreso más amplio de Haití hacia una democracia plena, y a una soberanía respetada por el resto del mundo. En este más amplio regreso, la necesidad de argumentar sobre la vuelta a casa de un ex presidente no sería mayor que en el resto del mundo.