A pesar de las dificultades que se presentan en el Congreso norteamericano para la ratificación de los TLC debido a las próximas elecciones parlamentarias de noviembre, el gobierno mantiene firme su estrategia de impulsarlos en la región. El modelo de integración económica que se instrumenta a través de estos convenios comerciales corresponde a una política de Estado que considera que “los acuerdos comerciales (TLC) sirven al mismo objetivo que los pactos de seguridad durante la guerra fría…maximizan las oportunidades para los sectores críticos y piedras base de la economía de los Estados Unidos, como la tecnología, telecomunicaciones, servicios, agricultura y propiedad intelectual.” La ley de comercio o Trade Promotion Authority (TPA) de 2002, considera que esta forma de interrelación económica “creará nuevas oportunidades para los Estados Unidos lo que permitirá preservar su fuerza en asuntos económicos, políticos y militares.”

Luego de concretar los acuerdos con México, Chile, Centroamérica y dos de los países de la Comunidad Andina, ahora se busca resquebrajar el MERCOSUR. El ingreso de Venezuela como socio pleno a este organismo de integración –luego de su salida de la CAN por discrepancias en la estrategia de negociación del TLC con Estados Unidos– y el apoyo conjunto a la candidatura de Venezuela a un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha determinado que el gobierno norteamericano se muestre más flexible en acceder a las reiteradas solicitudes de Uruguay para negociar un TLC.

El gobierno del Frente Amplio ha continuado impulsando la política exterior de su antecesor, consistente en expandir su relacionamiento comercial fuera del bloque del MERCOSUR, principalmente con Estados Unidos. La opción de este organismo por construir una unión aduanera, se expresó en una decisión del año 2000, en la que se estableció el compromiso de los socios de negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países, en los cuales se otorguen preferencias arancelarias. Para que Uruguay pueda firmar un TLC con Estados Unidos, dicha norma tendría que ser modificada, tal como ocurrió en la Comunidad Andina, que cambió la decisión de política exterior común con ese fin.

Para pulsear esa posibilidad, los presidentes de Uruguay y Brasil se reunieron recientemente en Porto Alegre. Para Tabaré Vásquez, “Brasil dio el visto bueno para que Uruguay negocie con otros países fuera del MERCOSUR”, aunque informó que se le pidió que “cualquier acuerdo comercial no dañara el corazón del organismo de integración,” aludiendo al arancel externo común. En efecto, Lula da Silva mostró su acuerdo para que Uruguay buscara ampliar espacios en el mercado norteamericano, pero con la condición de no perforar la unión aduanera, definida por el arancel externo común. En la práctica, tal condición le impediría la firma de un TLC con Estados Unidos.

La cancillería brasileña considera que, para ser miembro pleno del MERCOSUR, es preciso ser parte de la unión aduanera. El canciller Amorim sostiene que la permanencia de Uruguay sería incompatible en el bloque regional en caso de llevar adelante un TLC con el país del norte. En la misma línea, aunque menos tajante, el canciller argentino Taiana dio la bienvenida “a todo lo que haga un país para mejorar…pero en la medida en que no se afecte al organismo subregional ." A su vez, el canciller paraguayo declaró que la prioridad de su país es el MERCOSUR y descartó la posibilidad de buscar un acuerdo bilateral con Estados Unidos tal como procura Uruguay.

Precisamente, el problema del presidente Tabaré Vázquez es que aspira a suscribir el acuerdo con Estados Unidos y, al mismo tiempo, permanecer como socio pleno en el MERCOSUR. Es sabido que la firma de un TLC con Estados Unidos o la Unión Europea en forma bilateral por países pertenecientes a un organismo de integración regional debilita dicho proceso pues genera desvío de comercio, produce perforaciones en la unión aduanera y debilita la capacidad de negociación conjunta. Todo parece indicar que si Uruguay sigue adelante con las negociaciones, tendría que resignar su status de socio pleno en el MERCOSUR. Se convertiría así, en el primer país de la costa atlántica de Sudamérica, en sumarse al camino de inserción internacional elegido por Chile, Perú y Colombia.