El mejor diagnóstico de lo que sucedió en las pasadas elecciones presidenciales en México lo aporta la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al responder a las impugnaciones presentadas por la Coalición por el Bien de Todos: intervención indebida del Presidente de la República, ilegal campaña de miedo contra López Obrador por parte de organismos empresariales y algunas organizaciones civiles; campaña calumniosa de las televisoras nacionales. Todo esto que el Tribunal señala pero, asombrosamente, no reconoce como base para la anulación de los comicios, está ahora a la base de la crisis política y la involución democrática que este país está viviendo ahora.

La alternancia engarrotada

Este es el mejor término para expresar la situación política de México en estos momentos. A nivel federal y a nivel estatal, hay indicadores muy claros que el proceso de alternancia en el poder, iniciado en la Presidencia de la República en 2000 y en las gubernaturas de los estados en 1989, está atorado, bloqueado.

Las instituciones quedaron muy cortas. Todo el entramado, normativo e institucional, conseguido por la sociedad mexicana y los partidos políticos como instrumento básico de la transición a la democracia, crujió en las elecciones presidenciales de este año. Tanto el Instituto Federal Electoral (IFE), como el TEPJF resultaron insuficientes para el tamaño del desafío que les presentaron unas elecciones altamente competidas y con la intervención ilegal o paralegal de los grandes poderes económicos y de los poderes fácticos que dominan este país.

La torpeza del IFE, sobre todo en las tareas del cómputo de votos y antes en la enorme tibieza e impotencia para detener la guerra sucia contra López Obrador, dispara muchas dudas sobre su imparcialidad y capacidad de conducción. Por otra parte, la resolución del Tribunal, reconociendo irregularidades pero asentando que “no tuvieron peso suficiente sobre el resultado electoral”, no deja dudas sobre el sesgo que quienes detentan el poder ejercen sobre él.

No sólo en las elecciones federales se engarrotó la alternancia. En Tabasco, en los comicios del 15 de octubre para elegir gobernador, diputados locales y alcaldes, se volvieron a ver todas las prácticas corruptas y marrullerías que siempre han ejercido los gobiernos priístas: compra de votos, acarreos, amenazas a los activistas y dirigentes de la oposición perredista, etc. Aquí se mostró que los gobernadores se han convertido en caciques de los procesos de su estado, se trate de procesos electorales o no, tal y como se deja ver en la obstinación del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, a continuar en el poder, luego de casi cinco meses de insurgencia popular masiva para exigirle su renuncia.

Todo esto hace pensar que, con los poderes fácticos intactos, con la sumisión de los organismos electorales y con el cacicazgo de los gobernadores, la alternancia política en México se ha engarrotado, se ha atorado y no se ve cómo se destrabe.

Los vigorosos movimientos desde abajo

Junto a los barruntos de una involución democrática, surge la energía de los de abajo. Desde la amenaza de desafuero contra López Obrador, en la primavera de 2005, se constituye un amplio movimiento social en su apoyo, que va evolucionando y embarneciéndose con la victoria en esa batalla, con la campaña del tabasqueño a la presidencia y alcanza una nueva expresión en la resistencia civil contra el fraude electoral y la imposición del candidato del PAN.

Este movimiento, que ve terminarse una fase importantísima con la Convención Nacional Democrática del 16 de septiembre pasado, es el más importante que se haya dado en México en las últimas décadas. Es vigoroso, creativo, y mucho más amplio que los partidos que conforman la Coalición por el Bien de Todos, ahora Frente Amplio Progresista (FAP). Tiene un despliegue nacional, pero diferenciado, con un foco candente en el Distrito Federal, más en concreto, en la via sacra de la política mexicana: el corredor Zócalo-Reforma, ocupado durante 45 días por las bases convencionistas. En los campamentos se desplegó una intensa actividad política, social, cultural, festiva y combativa.

El movimiento que tiene su expresión en los diputados de la Coalición, llega a crear una auténtica dualidad de poder cuando de hecho se impide que el Presidente Fox rinda su VI y último informe de gobierno en la Cámara de Diputatos. La noche del 15 de septiembre Fox no pudo dar el tradicional grito de Independencia en el Zócalo de la ciudad, ocupado totalmente por los convencionistas y lo da el sucesor de López Obrador en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

La resistencia civil contra el fraude electoral no agota las expresiones de democracia desde abajo. Es más, desde el mes de junio en el estado de Oaxaca, la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, que aglutina a los maestros, organizaciones sociales, populares, indígenas y campesinas de aquel remoto estado, toma prácticamente la capital. Su demanda principal es la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, que a su vez, llegó al poder también mediante un fraude electoral y los dos años de su gestión se han caracterizado por la represión y el rechazo a las organizaciones sociales y populares, la corrupción y el autoritarismo. El movimiento de Oaxaca no está conducido por ningún partido ni grupo armado, es, una expresión espontánea, organizada, de participación social directa, de asambleas de barricada, de democracia plebeya.

Así, han emergido en varias partes del país expresiones como ésta: los comuneros de Atenco, los familiares de los mineros desaparecidos en Pasta de Conchos, los obreros de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, etc. Movimientos no sólo expresivo-simbólicos del hartazgo de lo más profundo de la sociedad, sino también instrumentales en el sentido que buscan acciones de defensa de la tierra, de los derechos sindicales, de la propia comunidad.

Un país que se fragmenta

Todos estos procesos se dan en un país que se fragmenta más y más. Se trata de una fragmentación social que se despliega de una manera diversa en la geografía del país. Hay una gran división bipolar: por un lado, el México de los integrados, como le dice Sergio Zermeño, es decir, aquellos que le apuestan a la globalización exitosa, los que piensan que lo básico para resolver los problemas del país es aplicar hasta las últimas consecuencias el modelo de libre mercado y apertura comercial. Quienes apuestan por aquí votaron, sobre todo por Felipe Calderón, y en menor medida por el PRI, se encuentran sobre todo en el norte y occidente, pero también en los sectores de clase media y alta de las ciudades.

En el otro polo están quienes creen que este país requiere con urgencia una transformación que establezca la equidad y ponga fin a la pobreza estructural que estorba para la integración y el desarrollo nacionales y es factor permanente de violencia. Se trata de los sectores populares y de trabajadores del campo y la ciudad, sobre todo del centro y sur del país, pero no solamente, pues tienen creciente presencia en el norte y el occidente, así como una parte importante de las clases medias ilustradas. Este es el México que apoyó el Proyecto Alternativo de Nación de López Obrador.

Finalmente está el México Rotodel que habla Zermeño. El de la extrema pobreza, el lumpen, la masa de maniobra de la delincuencia organizada, los que viven al margen. Es el sector que se retiró de las urnas, porque nunca le han interesado, porque no ve en ellas ninguna posibilidad de mejoría de su situación. Los pocos que fueron a sufragar son quienes vendieron su voto al PRI.

El corto verano de la democracia liberal

Parece que la democracia electoral, lejos de generar certidumbre, estabilidad y gobernabilidad en México, las está torpedeando. Lejos de ser un instrumento para resolver los problemas del país, se constituye ella misma en un problema. ¿por qué?

Porque la crisis política postelectoral no es sólo eso, la manifestación de un problema meramente electoral, sino que expresa una inconformidad social muy profunda , producto de 24 años de políticas de ajuste estructural.

Como señala Ernesto Laclau: “la experiencia traumática de la virtual destrucción de las economías del continente por el ajuste neoliberal”, y sus enormes impactos generadores de vulnerabilidad, desorganización, desprotección social y de anomia, no quedan impunes. Son efectos que no se quedan sólo en la esfera económica sino que impactan todo el edificio social.

En otras palabras, en México no hay suelo social para el buen funcionamiento de la democracia liberal. Ha sido tal el desgarramiento del tejido social, la fragmentación de la sociedad que es necesaria toda una labor de cicatrización para que puedan funcionar razonablemente bien las instituciones.

Por esto la democracia liberal se sobrecarga de expectativas, de demandas desde abajo, cuando surge una candidatura como la de López Obrador. Pero, al mismo tiempo, ante la amenaza de alternancia, no sólo política, sino de modelo de acumulación, las precarias instituciones electorales crujen y muestran su faceta de clase. Las presiones de los grupos de poder económico y político hacen que salgan a la luz los sesgos clasistas del IFE, del TEPJF, de la Presidencia, del duopolio televisivo.

Así, podríamos adelantar una doble hipótesis: En un suelo social tan desgarrado como el mexicano, la democracia liberal tiene pocas perspectivas. Sus instituciones se vacían desde abajo y desde arriba. Desde abajo, por la sobrepuja de expectativas y demandas de los sectores excluidos. Desde arriba porque esas instituciones son manejadas clasistamente en coyunturas como esta, por los grupos de poder para seguir perpetuando sus privilegios.

Por lo tanto, si no hay una democratización social concomitante, la democracia política se agota en poco tiempo. Dicho de otra manera, la integralidad de los derechos humanos rechaza que se pretenda cumplir sólo con los derechos cívicos y políticos, cuando desde el Estado no se hacen efectivos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

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Como señala Alain Touraine, en América Latina existe una evidente crisis de vinculación de las demandas sociales por las instituciones del sistema político. No hay un nexo efectivo entre los movimientos sociales y los partidos políticos. Esto parece que se estaba superando con el movimiento encabezado por López Obrador: hay un gran número de sectores sociales y de organizaciones que se expresan al interior del sistema político, no por la vía del PRD o del PT o de Convergencia, sino por la candidatura del ex jefe de gobierno del Distrito Federal. El movimiento que así se construye expresa una ruptura con las élites no sólo económicas, sino con las élites políticas, los políticos profesionales, muy criticados por López Obrador. Hay una gran participación de masas, más evidente en la protesta postelectoral, en los campamentos del eje Zócalo-Reforma y en las asambleas multitudinarias—millonarias—convocadas por el candidato de la Coalición por el Bien de Todos. Se va generando un cúmulo de símbolos identitarios y se va construyendo una comunidad en torno a la resistencia civil a la imposición. La argamasa de todo esto es el carisma de López Obrador, líder incuestionado del movimiento, declarado “presidente legítimo” en la asamblea popular de la Convención Nacional Democrática (CND) del 16 de septiembre pasado.

¿Qué puede pasar ahora con el movimiento y la CND? Hay dos escenarios posibles:

El primero es que la CND deje de ser ese gran movimiento. Y esto, debido a dos razones, fundamentalmente: por la estrategia de cerco y aniquilamiento a que han sometido los medios electrónicos, sobre todo, y algunos sectores gubernamentales a López Obrador Por otro lado, por eventuales fallas estratégicas de la misma CND, como el agotarse en la pura resistencia, sin plantear más alternativas, sobre todo a los sectores que están demandando reivindicaciones más inmediatas, o por la falta de discusión interna o la débil relación con otros movimientos sociales.

Si prevalece este escenario, se estaría entrando a la vía de una mucha mayor tensión entre la sociedad y el sistema político. A la vía de los entallamientos de inconformidad por todo el país, a la aparición de focos de democracia directa, plebeya, en un subescenario positivo, o a la proliferación de brotes de violencia irracional, meramente expresiva, en un subescenario negativo.

El segundo es que la CND se consolide y se convierta en un verdadero actor colectivo de carácter popular, integrado por personas, ciudadanos y ciudadanas, sujetos de sus propios procesos. Para lograr esto y convertirse en una fuerza social y política decisiva para la transformación social en México se requieren algunas condiciones:

Un sólido pensamiento estratégico de izquierda, en el que vayan confluyendo todas las fuerzas democráticas, populares y progresistas del país.

Mantener el indudable liderazgo de López Obrador, pero dotar al movimiento de instancias sistemáticas de discusión y de toma conjunta de decisiones.

Combinar la resistencia civil con acciones de democracia directa y con propuestas legislativas que establezcan y consoliden la democracia participativa como la regla general y no como excepción en los procesos políticos y sociales más importantes de la República.

Relacionarse estable y sistemáticamente con los movimientos sociales y con todas las regiones del país.

Promover la ciudadanización efectiva y no de mero disfraz o como botín de los partidos políticos de las instancias electorales: IFE y sus vocalías estatales, institutos electorales de los estados; institutos federal y estatales de transparencia y acceso a la información pública, etc.

Diseñar participativamente, consensuar y llevar a la práctica un proyecto de transformación social del país que combata de raíz la desigualdad, la extrema pobreza y ponga las bases para un desarrollo económico con empleos dignos, suficientes y bien remunerados y un desarrollo social adecuado para todas las ciudadanas y ciudadanos.

Las tareas de las organizaciones de la sociedad civil

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC), sobre todo las de educación y comunicación popular, han de participar muy activamente en la construcción de este nuevo sujeto social y político de transformación social. El que está a la vista, por lo pronto, es la Convención Nacional Democrática. Para ello deben aportar las OSC, toda su experiencia, sus saberes, su capacidad crítica, sus valores, sus estilos de trabajo. Eso sí, deben superar algunas de sus limitaciones, por ejemplo, el parroquianismo, la dificultad por superar los niveles microsociales, su limitado acceso a las masas y a los medios masivos de comunicación.

Si no es posible realizar esa tarea de construcción del sujeto social a partir o al interior de la CND, las OSC deben confluir con otras fuerzas, por ejemplo, con las instancias coordinadoras de organizaciones campesinas, de organizaciones sindicales, para reforzarse mutuamente en esa construcción.

En todo caso y desde ahora, tienen ante sí una tarea impostergable e inmediata: rescatar al sistema político del monopolio a que lo han sometido los políticos profesionales. Esto implica combatir por la ciudadanización de todas las instancias de las que hablábamos anteriormente; la crítica pública del derroche, de los altos salarios y prestaciones de la élite política y la propuesta de una política sistemática de austeridad; el impulso a la adopción y puesta en marcha de las figuras de la democracia participativa y, sobre todo y en todo momento, el esfuerzo sistemático, creativo, eficaz por ir promoviendo una nueva cultura política en este país, es decir una nueva forma de relación entre la ciudadanía y el sistema político. Donde aquella sea el sujeto, el que demanda, pide cuentas, hace propuestas y los políticos, como dice el neozapatismo, “mandan obedeciendo”.