Los nombres que Immigrations and Customs Enforcement (ICE, la dependencia estadunidense que da cumplimiento a las disposiciones migratorias y aduanales) le adjunta a sus operativos revelan mucho de la lógica tras la política migratoria actual de Estados Unidos.

Entre los que más sugieren está la actual y vigente Operación "Devolver al Remitente", uno de los operativos más amplios en la historia estadunidense. El programa, supuestamente diseñado para detectar "forasteros fugitivos"—el término "fugitive aliens" en inglés sugiere "extraños, ajenos, perturbadores, grotescos, extra terrestres"—ha tenido como efecto la detención indiscriminada de más de 13 mil inmigrantes indocumentados en las ciudades de todo Estados Unidos.

El término cínico con que se bautizó esta aún más cínica operación implica un remitente, un destinatario—y un objeto. El objeto, o más bien los objetos, son los trabajadores migrantes y sus familias.

La Operación Devolver al Remitente es una política instrumentalista que ignora la humanidad de los trabajadores migratorios. Rehusa reconocer que los migrantes tienen esperanzas y sueños, que tienen una necesidad legítima de alimentarse, pensar y actuar. Niega los lazos familiares y las relaciones afectivas. Ignora también el papel central que juegan los trabajadores indocumentados en la economía estadunidense y los factores que, en primera instancia, los trajeron a Estados Unidos.

En resumen, la Operación Devolver al Remitente actúa sobre la premisa de que los millones de trabajadores indocumentados en Estados Unidos son poco más que "correo basura"—el "junk mail" de la globalización.

Quién es el remitente

Una gran proporción de las detenciones acaecidas bajo la Operación Devolver al Remitente ha sido de mexicanos, lo cual es lógico dado que la mayoría de los migrantes indocumentados son mexicanos. Según el experto en inmigración Raúl Delgado Wise, de la Universidad de Zacatecas, México detenta ahora el campeonato en la exportación de su propia gente: 11 millones de mexicanos viven actualmente en Estados Unidos. El vaciado migratorio de la población mexicana se demuestra en las estadísticas demográficas, donde 800 poblaciones registran ahora un crecimiento negativo.

Es muy clara la razón para esta masiva migración hacia fuera. México no está produciendo los suficientes empleos dignos para su pueblo—y Estados Unidos está contratando. Entre 2000 y 2005, México perdió 900 mil empleos rurales y 700 mil empleos en la industria. El presidente Felipe Calderón tuvo un mal arranque en su intento de revertir esta tendencia. Las estadísticas gubernamentales de los dos primeros meses de su administración muestran una pérdida de 178,370 empleos en el sector formal.

El futuro no parece más color de rosa. Una encuesta reciente del Banco de México auguraba 615 mil nuevos empleos este año—lo que representa una caída de 300 mil en comparación con el año pasado y muchos menos que el millón que se calcula necesario para absorber el número de mexicanos que entran al mercado laboral cada año.

El desempleo creciente y un flujo masivo hacia el exterior son el resultado de la manera sesgada en que México se integró a la economía global. Delgado Wise dice tajante: "La estrategia que siguió México mediante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la indiscriminada liberalización del comercio detonaron un crecimiento explosivo en la migración".

Organizaciones campesinas calculan que dos millones de agricultores han sido desplazados desde la instauración del TLCAN, lo que en muchos casos se relaciona con el incremento en las importaciones estadunidenses. Según el Departamento de Agricultura estadunidense, en 1994, primer año del acuerdo, Estados Unidos exportó 4,590 millones de dólares en productos agrícolas a México. Para 2006, esta cifra incrementó a 9,850 millones de dólares—un incremento de 114%. Tan sólo las exportaciones estadunidenses de maíz, el cultivo fundamental de México y la mayor fuente de empleo rural, se duplicaron a más de 2,500 millones de dólares en 2006.

La situación actual fue creada por la combinación de desempleo en México con la enorme brecha salarial entre México y Estados Unidos, más la demanda estadunidense de mano de obra barata con el objetivo de competir en los mercados globales.

En otras palabras, es el mercado laboral internacional el que escribe las direcciones y le pone sellos a los timbres en "estos correos". El gobierno mexicano no decidió explícitamente el envío de misivas humanas a Estados Unidos. Pese al papel central que en la economía han ganado las remesas a lo largo de los años, no hubo una política nacional dirigida a exportar trabajadores productivos. De hecho, se suponía que el TLCAN resolvería los problemas de migración y disminuiría la presión sobre la búsqueda de empleos en Estados Unidos.

No obstante, la economía mexicana se ha beneficiado de este predicamento. Guillermo Ortiz, titular del Banco de México, informó recientemente que las remesas correspondientes a 2006 aumentaron a la cifra récord de 23,540 millones de dólares—20% más que el año anterior.

Siendo la segunda fuente de ingresos externos después de las entradas procedentes de la venta de crudo, las remesas han sido un factor central en la reducción de la extrema pobreza en el campo. Mientras que el Banco Mundial, entre otros, responsabiliza al TLCAN y a los programas de asistencia del gobierno mexicano por lograr dicho objetivo, un informe del Banco de México de 2005, le otorga el crédito a quien lo merece: las familias pobres reciben mucha más asistencia de las remesas que de todos los programas gubernamentales combinados.

Esta contradicción ha hecho que los críticos culpen al gobierno mexicano de fomentar la migración al exterior por su dependencia económica en los ingresos de los migrantes percibidos en el extranjero. Pocos políticos mexicanos pregonan explícitamente el papel de las remesas en contrarrestar los severos desequilibrios de la economía nacional. Sin embargo, esta dependencia hacia las remesas sustituye las políticas nacionales de desarrollo específicamente diseñadas para generar empleo y estimular la producción rural.

Quién es el destinatario

Según estudios recientes, la mayoría de quienes migran a Estados Unidos ya cuentan con un empleo que les ofrecieron antes de llegar, o por lo menos con fuertes conexiones con fuentes de empleo. Es muy corto el tiempo promedio entre su llegada y su contratación, comúnmente no más de unas pocas semanas.

Esta situación se debe a que la demanda de mano de obra indocumentada en la economía de Estados Unidos es estructural. No se trata únicamente de algunas cuantas compañías que quieren reducir costos. No son sólo "los empleos que los obreros estadunidenses no aceptarían". Los migrantes laboran en casi todas las ocupaciones de bajo salario y se han vuelto esenciales en la economía estadunidense en la era de la competencia global.

La industria empacadora de carne es un buen ejemplo. El excelente y revelador texto de Eric Schlosser en torno a la industria de la carne en Estados Unidos conforme se globalizó muestra un rápido deterioro en las condiciones laborales a lo largo de las últimas décadas, como resultado del desmantelamiento de los sindicatos y la erosión de los salarios y de los beneficios, al tiempo que aumentaban los riesgos a la seguridad y la salud. Un elemento fundamental en este deterioro es el reemplazo de los obreros estadunidenses sindicalizados con migrantes.

La lógica de "culpar a la víctima" acusa a los trabajadores indocumentados de cruzar la frontera y robarse tales empleos. Pero el orden de los eventos es el opuesto, y esto es demostrable. La industria desarrolló maniobras para reducir costos y romper los sindicatos y buscó la fuerza laboral más vulnerable y barata posible. Esto creó la demanda de trabajadores indocumentados.

El ejemplo es relevante dado que la ICE emprendió apenas hace poco una de sus más espectaculares (y controvertidas) redadas en las plantas empacadoras de carne Swift en seis estados, lo que resultó en el arresto de 1,282 obreros. Swift alega que dicha acción canceló temporalmente el 100% de su producción de carne de res y el 77% de su producción de carne de cerdo.

No es accidente que las acciones gubernamentales se dirigieran contra Swift. Cinco de las seis plantas cuentan con sindicato. La compañía se queja con amargura de que en el momento en que ocurrieron las redadas estaba en negociaciones y cooperaba plenamente con el gobierno federal.

Si tradicionalmente se les empleaba en la agricultura, el advenimiento de la subcontratación es hoy otro factor importante para que se empleen migrantes, sobre todo en el sector de servicios. Esta práctica, muy bien establecida desde principios de los años 80, ha contribuido al desmantelamiento de los sindicatos de la fuerza laboral. Con mucha conveniencia le retira a los empleadores la responsabilidad directa por el estatus legal y por el trato a los obreros en su empleo.

La ICE informa que incluso los militares estadunidenses emplean mano de obra migrante ilegal. En septiembre pasado ICE arrestó a 122 mexicanos y centroamericanos empleados por un subcontratista para construir alojamientos militares en la Base Aérea de Buckley, en Colorado. La ICE utilizó los arrestos para, una vez más, establecer un vínculo espurio entre la inmigración y el terrorismo. En el boletín de prensa de la operación se apunta que "la ICE trabaja cercanamente con las industrias, tales como aeropuertos, plantas de energía, refinerías de crudo y bases militares, para brindarles seguridad contra el riesgo de ataques terroristas que entraña el empleo de trabajadores no autorizados en áreas de seguridad de instalaciones de infraestructura que son críticas para nuestra nación".

Al final, estas severas medidas selectivas contra los trabajadores no logrará eliminar, en lo absoluto, la contratación clandestina. Cualquier intento por eliminar a los trabajadores indocumentados de la fuerza laboral, en lugar de enviarle una clara señal a los migrantes (como afirman quienes lo proponen) puede tener el efecto aún más desastroso de aterrorizar a comunidades enteras, lo que creará una escasez laboral en sectores vitales de la economía.

Así, tampoco los programas de trabajadores invitados, apoyados tanto por el presidente Bush como por el gobierno mexicano, resuelven la raíz del problema: un mercado laboral dual. Dividiendo a los trabajadores legales de los ilegales, el mercado saca ventaja de la condición vulnerable de los trabajadores indocumentados. Con estos sistemas de invitados, los trabajadores migrantes siguen sin gozar de plenos derechos laborales y civiles y son objeto de marginación mediante listas negras si ejercen sus derechos, incluso los más limitados—como se constata en la experiencia de los programas de visa de trabajo temporal que existen en ciertas partes de Estados Unidos.

Una respuesta más racional

La ICE alega que la Operación Devolver al Remitente busca desenraizar a quienes han cometido algún delito. Pero sus propios registros muestran que el "crimen" de la mayoría de los detenidos es trabajar con bajos sueldos en fábricas estadunidenses, plantas empacadoras de carne, jardines y casas, sin los papeles necesarios que les fueron negados.

En enero pasado, la ICE detuvo en Los Angeles a 750 migrantes en una serie de redadas que duró una semana. Según sus propias cifras, menos del 20% pertenecía al buscado grupo de individuos que tenía órdenes de deportación previas. Los informes de ICE, relativos a las redadas por todo el país, muestran que la mayoría de los capturados no tenía expedientes criminales anteriores.

Las organizaciones de derechos migratorios anotan que las severas medidas han conducido a serias violaciones de los derechos humanos. Las familias son separadas. Las audiencias son lentas, y con frecuencia las familias no saben durante largos periodos dónde se encuentran detenidos sus seres queridos. Un informe del 16 de enero, emitido por el Inspector General del Departamento de Seguridad Patria (Department of Homeland Security) para constatar las condiciones en cinco centros de detención, identificó frecuentes violaciones de los criterios federales, y violaciones a la seguridad y la salud, además de hacinamiento.

Todo lo anterior ha provocado respuestas de los grupos pro derechos de los inmigrantes. Después del informe oficial "en curso" de la Operación Devolver al Remitente, fechado el 23 de enero, los defensores de derechos humanos denunciaron las redadas, diciendo que los 13 mil arrestos desde mayo de 2006 habían provocado la separación de las familias, le habían costado a Estados Unidos una fortuna incalculable en pérdidas económicas, sin que se lograra un acercamiento a políticas migratorias razonables ni viables.

Las redadas de enero en el área de Los Angeles galvanizaron a los grupos y comunidades locales que emprendieron acciones concertadas, mediante reuniones estratégicas para frenar las redadas. Se trabaja también en una movilización nacional para el Primero de Mayo de 2007.

Estos renovados esfuerzos son buenas noticias. El movimiento había entrado en un periodo de búsqueda a partir de las movilizaciones de mayo de 2006 cuando la fuerza sin precedentes de las manifestaciones nacionales tuvo un efecto centrífugo en los esfuerzos organizativos del movimiento. Enfrentados al contragolpe anti-inmigrantes, no pudieron ponerse de acuerdo en lo que seguía.

Sin embargo, lentamente, las organizaciones locales, regionales y nacionales buscan juntarse y desarrollar nuevas estrategias. Crecen por todo el país las acciones locales para defender los derechos migratorios, protestar por las detenciones, y contrarrestar los grupos racistas vigilantes, junto con el impulso de registrar el voto de los latinos y un nuevo esfuerzo por reformar las leyes migratorias.

La ilusión de la seguridad

En una visita a México efectuada el 16 de febrero, el secretario de Seguridad Patria, Michael Chertoff, aseveró con firmeza que no podría considerarse ninguna reforma migratoria mientras la "frontera no estuviera asegurada". Al hacer esto, simplemente reiteró la fórmula que ha profundizado la crisis en la frontera y que erosiona las relaciones binacionales.

Esta persistente negativa a asumir un enfoque más integrado y realista conduce a un callejón sin salida (en términos de políticas) e implica riesgos para las comunidades de ambos lados de la frontera.

Crear nuevas políticas migratorias que racionalmente integren las realidades políticas, económicas, sociales y de seguridad es un gran reto. Pero abordar el reto enfocándose exclusivamente en la seguridad exacerba los problemas en las otras áreas y a fin de cuentas no podrá resolver los aspectos de seguridad.

La ICE informa que ya devolvió 190 mil migrantes a las naciones "remitentes" en 2006—sin contar las deportaciones de la Patrulla Fronteriza. Los gastos masivos, las pérdidas económicas y la tragedia humana no produjeron ningún progreso demostrativo en frente alguno.

Los trabajadores migrantes son centrales en una integración económica transfronteriza. Un sistema político que los ignora—o peor, que los trata como correo basura—no es únicamente falto de autocrítica: está fuera de contacto con toda realidad.