Los países de América Latina y el Caribe han visto a Estados Unidos no sólo como el dominante Tío Sam, pero también como un mercado en expansión continua para sus exportaciones. Durante las últimas tres décadas, el gobierno de Estados Unidos ha buscado asegurar el control político y económico sobre las Américas mediante una serie de tratados comerciales—comenzando con la Iniciativa de la Cuenca del Caribe en 1983, continuando con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1992, y recientemente con varios otros tratados de libre comercio (TLC) con los países centroamericanos, República Dominicana, y Chile, entre otros.

En parte, las iniciativas de comercio de Estados Unidos han sido políticamente motivadas debido a que el gobierno ha buscado incrementar su hegemonía y a mantener a los países atados a las políticas americanas—desde reforzar los regímenes de derecha hasta aumentar el apoyo de los países a Estados Unidos y su guerra dirigida contra las drogas para reestructurar las economías de acuerdo a las fórmulas neoliberales. Los tratados de comercio también han sido parte de una estrategia para asegurar que los inversionistas y exportadores estadounidenses tengan acceso privilegiado a los mercados de la región.

Tanto en Los Estados Unidos como en América Latina, los líderes defensores de los acuerdos de libre comercio bilateral y regional consideran que las reglas del comercio libre y de la inversión son la mejor—si no la única—ruta hacia el desarrollo económico, mientras que los críticos las acusan de causar más daños que beneficios.

Sin embargo, recientemente la habilidad del gobierno de EE.UU. para usar los tratados de libre comercio y las preferencias arancelarias como instrumentos de política exterior y económica está menguando. Aunque la Guerra de Irak y la conducta delictiva de los republicanos fueran los asuntos principales en las elecciones del 2006 a la mitad del mandato, los candidatos ganadores también dieron gran importancia a los impactos adversos de los tratados de libre comercio y de la globalización corporativa. No dispuestos a utilizar el capital político que dejaron, el ineficiente Congreso republicano hizo saber al presidente que ellos no considerarían los acuerdos de libre comercio antes de las elecciones. Ambos partidos políticos son cada vez más cautelosos de las medidas comerciales que pueden aumentar el masivo déficit en la balanza comercial de EE.UU. y de votantes molestos y cansados de ver trabajos estadounidenses perdidos a la producción extranjera. Una extensión de seis meses de la Promoción Comercial Andina y Erradicación de las Drogas (ATPDEA) ganó la aprobación del Congreso el día final de la sesión 2006, dejando a los cuatro países andinos con la incertidumbre de si las preferencias comerciales otorgadas en 1991 se extenderán más allá de la mitad del 2007. A diferencia del TLC, ATPDEA es un acuerdo no recíproco que otorga preferencias comerciales unilaterales a las naciones andinas a cambio de su cooperación en la guerra contra la droga dirigida por EE.UU. y como una manera de promover legítimos negocios de exportación.

Defensores latinoamericanos de la derecha, izquierda, y centro apoyan la re-autorización de las preferencias andinas del comercio, aunque citando razones diferentes. Mientras los grupos liberales defensores comúnmente señalan el impacto económico adverso que cualquier terminación de preferencias tendría en trabajadores y negocios, analistas de derecha enfatizan las implicaciones geopolíticas negativas de eliminar las preferencias arancelarias. Comités de expertos derechistas tales como el Instituto Americano de la Empresa (American Enterprise Institute) y la Fundación de la Herencia (Heritage Foundation) están entre los partidarios más enérgicos en continuar las preferencias andinas del comercio, incluso si estos países decidan no firmar TLCs con Estados Unidos. "El futuro de la región andina está en juego". Así es como Roger Noriega, jefe anterior de política Latinoamericana de la administración Bush, describe el estado precario de las relaciones entre EE.UU. y la región andina. Noriega, actualmente un erudito visitante en el neoconservador Instituto Americano de la Empresa, fue una de las tantas voces en Washington que recomendaron al Congreso renovar las preferencias arancelarias andinas que expiran a fin de año. También está resuelta a expirar el 30 de junio del 2007 la autoridad del presidente para el fomento del comercio—previamente conocido como "autoridad de vía rápida"—la cual permite al Ejecutivo negociar los acuerdos comerciales con una aportación pequeña por parte del Congreso. Sin la habilidad de "negociar rápidamente" los acuerdos comerciales a través del Congreso con solamente un voto a favor o en contra, será más difícil para el Presidente Bush negociar nuevos acuerdos comerciales y ganar la aprobación del Congreso para una docena de acuerdos que ya están en espera. Las elecciones del año pasado en Ecuador, Nicaragua y Venezuela en las que candidatos de izquierda ganaron, subrayaron el aumento de corrientes políticas críticas de los Estados Unidos. Por toda América Latina y el Caribe, también aumenta el escepticismo acerca de los beneficios del modelo de EE.UU. sobre libre comercio y liberalización económica. Sin embargo, al mismo tiempo, la mayoría de los países en la región codician el mantener acceso al mercado de gran consumo en los Estados Unidos así como el atraer nueva inversión de EE.UU. Los Estados Unidos no son la única potencia mundial que procura integrar las naciones latinoamericanas y caribeñas más rápidamente a la economía global a través de los acuerdos de libre comercio. La Unión Europea, que tiene acuerdos de libre comercio con México y Chile, promueve agresivamente "nuevos TLC con espíritu competitivo … apuntando al nivel más alto posible de liberalización del comercio, incluyendo una liberalización de servicios e inversión de gran alcance". Actualmente, la Unión Europea persigue con agresividad relaciones de libre comercio con Centroamérica, las naciones Andinas, y MERCOSUR.

La integración económica de pre-globalización

Las fuerzas de la globalización económica han levantado una racha de nuevos acuerdos de libre cambio desde principios de la década de los 90, incluyendo la creación de la Organización Mundial de Comercio en 1995. Sin embargo, la integración económica regional en el hemisferio occidental data desde los años 60 y no fue incitada por la globalización ni liberalización del comercio, sino por el desarrollo de la sustitución de la importación. En América Latina y el Caribe, sub-regiones tales como Centroamérica, el Caribe de habla-inglesa, y el cono sur procuraron industrializar sus economías creando barreras de tarifas altas a importaciones que podrían ser producidas en la región. La integración de la sustitución de la importación—una estrategia de desarrollo promovida por agencias de la ONU—se propuso expandir el mercado para industrias nacionales más allá de los pequeños mercados domésticos a los mercados regionales más grandes de Centroamérica, del Caribe, de las naciones andinas, y del cono sur. El desarrollo de la sustitución de importación reforzó las industrias basadas en las sub-regiones. Pero las tarifas altas que protegieron a estas industrias dejaron a la mayoría de las compañías incapaces de competir con corporaciones multinacionales grandes. Otro desperfecto fue que las compañías extranjeras empezaron a establecer sus operaciones dentro de los mercados regionales, socavando el objetivo original de nutrir el desarrollo industrial de la región. A finales de la década de los años 70 y 80, todos los experimentos en la industrialización regional—el Pacto Andino, la Comunidad Caribeña y el Mercado Común, así como los antecesores de MERCOSUR—estaban muertos, moribundos, o estancados. La gran excepción a esta erosión de integración regional fue la extensión unilateral de preferencias de comercio a América Central y al Caribe—a excepción de Nicaragua y Cuba—de la administración de Reagan. Lanzada en 1983, la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) fue una parte esencial de la estrategia geopolítica para la región del gobierno de EE.UU., donde fuerzas izquierdistas habían surgido en los años 70s. A cambio de las preferencias de comercio no-recíproco por agro-exportaciones, textiles, y otros productos de mano de obra barata no tradicionales, los países de CBI no tenían que liberalizar sus propios mercados a importaciones de EE.UU. pero se esperaba de ellos que se abonaran a la política exterior de EE.UU.

Integración de libre comercio en las Américas

Cuando la guerra fría terminó y nuevas tecnologías de comunicaciones se desarrollaron al final de la década de los 80, una nueva serie de acuerdos regionales de integración se adueñó. Los principios de libre comercio reemplazaron la industrialización protegida y el desarrollo endógeno en el corazón filosófico de los nuevos acuerdos. Mientras se mantenía la CBI, los gobiernos post-guerra fría empezaron a explorar nuevas estrategias económicas regionales de integración. A diferencia del CBI, que fue establecido principalmente por razones geopolíticas, las nuevas iniciativas de comercio del gobierno de EE.UU. fueron manejadas principalmente por cuestiones geo-económicas ya que Estados Unidos procuraba posicionarse favorablemente en la economía global. La primera incursión en la integración económica hemisférica, dirigida por Washington, fue la Iniciativa para las Américas, un programa de ayuda, liberalización de comercio, y ajuste estructural lanzado por el gobierno de George H.W. Bush.

El líder de la integración de las Américas iba a ser el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual entró en vigor en 1994. Construyéndose sobre el tratado de libre comercio entre EE.UU. y Canadá de 1988, el TLCAN reunió a comerciantes e inversionistas mexicanos, estadounidenses y canadienses dentro de una extensa área de libre comercio que bajó los aranceles para alentarlo así como a la inversión de corporativos transfronterizos.

Posteriormente, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) llegó a ser una iniciativa comercial importante del gobierno de Bush. El plan fue inicialmente abordado durante la administración Clinton en la primera Cumbre de las Américas en 1994. Sin embargo, las exigencias de Brasil y otros países de que ALCA tuviera más consideración sobre las necesidades de los países menos desarrollados e incluyera la petición de reducir los subsidios agrícolas por parte de EE.UU., obstruyeron los planes de Washington para instalar un acuerdo comercial hemisférico al estilo TLCAN.

El fracaso de TLCAN en cumplir lo prometido, incluyendo la creación de empleos y el desarrollo económico, hizo cada vez más difícil para el gobierno de EE.UU. vender su plan para la integración económica hemisférica atraves del ALCA.

Para 2005 la propuesta ALCA estaba muerta, así como movimientos sociales anti-libre comercio y gobiernos escépticos intensificaron sus críticas sobre el Consenso de Washington y las nociones de EE.UU. sobre el libre comercio. El plan original del gobierno de EE.UU. para una región hemisférica de libre comercio (excepto Cuba) se había desplomado—no sólo a causa de crecientes demandas por renegociar substancialmente el acuerdo, pero también debido al rechazo total de cualquier libre comercio hemisférico por parte de Venezuela, quien llama a dicho tratado una estrategia de "anexión" de EE.UU. Fue así que los negociadores estadounidenses siguieron una estrategia de dos rutas: por un lado tratando de avanzar el acuerdo regional, y por el otro negociando acuerdos bilaterales (con Chile, Panamá, Colombia, Perú, y Uruguay) y subregionales (con América Central y un intento fallido de un acuerdo andino). Todo el tiempo, el gobierno de EE.UU. ha avanzado su versión de libre comercio a nivel global a través de negociaciones intermitentes en la OMC.

La victoria del partido democrático en las elecciones a la mitad del período legislativo en noviembre del 2006, tiró totalmente por la borda la agenda del gobierno sobre libre comercio en las Américas. Dada la victoria de populistas económicos y anti-partidarios de libre comercio en el 2006, los políticos de ambos partidos reconocen que los votos sobre el libre comercio serán responsabilidades en elecciones futuras, por lo tanto minan la estrategia actual de adelantar una agenda de libre comercio mediante acuerdos bilaterales o subregionales.

Reanudación de las iniciativas latinoamericanas

En la década de los 90 varios de los primeros gremios de la sustitución de importación, tales como el Pacto Andino y el Mercado Común Centroamericano, fueron resucitados. Pero esta vez no hubo negociaciones sobre la sustitución de importación. Junto con el MERCOSUR, compuesto por Brasil, Argentina, Paraguay, y Uruguay, las nuevas unidades de integración económica subregional se basaron en el concepto de promover el libre comercio entre las naciones asociadas y de crear plataformas regionales para la introducción en el mercado global. Sin embargo, especialmente dentro de MERCOSUR hay un intenso debate sobre formas alternativas de integración subregional.

En vez de eso, los tres disidentes están promoviendo la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). En lugar de integrarse sobre la base de liberalización del comercio, Venezuela y Cuba, seguidos por Bolivia, dicen que las metas sociales deben ser el objetivo del intercambio económico. Estos tres países—Cuba, Venezuela, y Bolivia—rechazan cualquier iniciativa de integración basada en los principios neoliberales de libre comercio.

Más visión que un acuerdo negociado, el ALBA ordena diecinueve asuntos de interés en común, incluyendo: energía, educación, movimientos populares, y deuda. De esta manera, sin embargo, el ALBA es manejada casi totalmente por la distribución del petróleo venezolano barato a cambio de servicios y materias primas por parte de Cuba y Bolivia. Evidentemente por el número de veces que los Estados Unidos es mencionado en documentos del ALBA, así como por su mismo nombre—contrapuesto al Área del Libre Comercio de las Américas—el ALBA representa un proyecto político anti-estadounidense. A principios de este año, Nicaragua también se unió al ALBA, dado que el Presidente Daniel Ortega buscaba lazos más cercanos con el rico en petróleo Venezuela.

En Sudamérica, la integración regional encara tiempos dudosos. La Comunidad Andina de Naciones (CAN) se ha lastimado, ya que dos países—Colombia y Perú—han firmado acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, causando que Venezuela se salga de la unión aduanera (que incluye también Bolivia y Ecuador) y se convierta en el quinto miembro de MERCOSUR. Venezuela se ha retirado también del Foro G-3, dejando solamente a México y Colombia como miembros.

Mientras tanto, la iniciación de negociaciones de comercio e inversión de Uruguay con Washington ha socavado la unidad de MERCOSUR, apagando las esperanzas para la creación de un bloque económico contra lo predominante, el cual chispearía su propio desarrollo dinámico libre de los lazos de acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos y la Unión Europea.

Otra nueva iniciativa de integración, la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) encabezada por Brasil, está también enfrentando un futuro incierto y divisivo. En su reunión del 2006 en Bolivia, muchas de las mismas divisiones presentes en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata en 2005 reaparecieron, ya que movimientos sociales se opusieron a toda noción de integración manejada principalmente por las élites económicas, así como también Venezuela y Bolivia expresaron fuertes objeciones a cualquier plan de integración basado en la liberalización del comercio. Los fundadores de la CSN habían esperado que la organización regional sudamericana no sólo impusiera tarifas comunes sino que también llevara a una unión política, muy parecida a la Unión Europea, que sostuviera una moneda, un pasaporte, y un parlamento comunes. Sin embargo, será difícil de aplicar esta visión de una unión político-económica de naciones sudamericanas, dadas las amargas divisiones políticas que separan la región y la incapacidad de hasta un pequeño subconjunto de naciones en establecer reglas comunes para el comercio intra-regional.

Cuando el presidente Bush viajó por Latinoamérica en marzo del 2006, el tema del comercio ni siquiera estaba en su agenda. Durante su viaje, el presidente estadounidense continuó insistiendo que el libre comercio era el único camino al desarrollo, pero ya no pregonaba una alianza regional de libre cambio. Incapaz de garantizar aún la aprobación del Congreso sobre acuerdos comerciales ya negociados y firmados por la administración, Bush tomó un mensaje de buena voluntad y "justicia social" a la región en un intento desesperado por minar la influencia creciente del presidente venezolano Hugo Chávez.

El escepticismo aumentado en América Latina y el Caribe acerca del liderazgo de EE.UU. y de los beneficios de la agenda de libre comercio, han creado el espacio político para el liderazgo alternativo y para nuevas políticas económicas. Varios líderes están apuntando hacia este espacio con una serie de políticas económicas—incluyendo la nacionalización de la energía, la reforma agraria, el aumento en el gasto social, así como los intercambios de materias primas y de servicios—que han sido bienvenidos con aclamación por parte de muchos sectores sociales. Mientras tanto, otras naciones, incluyendo Chile y México, han mantenido la ortodoxia de libre comercio.

Es improbable que los EE.UU. puedan otra vez avanzar un acuerdo regional de libre comercio, pero no es claro si el nacionalismo y regionalismo resurgentes en América Latina tendrán como resultado sistemas económicos y políticos sostenibles.

La calma en los vientos alisios de EE.UU. ha dejado a la región con una ruta de navegación confusa, y con una oportunidad de poner la vela en nuevas direcciones. El desafío es moverse hacia soluciones económicas y políticas más independientes en América Latina y el Caribe.