La integración de los mercados de energía en América Latina ha sido discutida desde hace más de tres décadas. Una expresión de ello fue la creación de las organizaciones regionales ARPEL (Asistencia Recíproca Petrolera Empresarial Latinoamericana), CIER (Comisión de Integración Eléctrica Regional) y OLADE (Organización Latinoamericana de Energía), durante las décadas de los sesenta y setenta. Estas iniciativas tuvieron lugar en el marco de una participación importante del Estado en las empresas vinculadas al sector energético.

Durante los noventa, las iniciativas de integración energética retomaron un nuevo impulso a nivel continental. Los planteamientos surgieron en el marco de la Cumbre de las Américas, que tuvo como génesis la Iniciativa para las Américas, planteada por el gobierno de Estados Unidos en 1989. En la base de la entonces denominada "Iniciativa Energética Hemisférica" estuvieron las reformas delineadas en el Consenso de Washington. En el sector energético, se propuso eliminar los obstáculos a las operaciones de las empresas extranjeras en todas las ramas de la industria energética, desde la exploración y producción de gas y petróleo, hasta la distribución y venta de productos en el mercado final.

Ello no siempre fue posible por los límites vigentes en las Constituciones de algunos países. No obstante, las leyes de inversión extranjera implementadas en la mayoría de países de la región, vía programas con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial y consolidadas en los Tratados de Libre Comercio (TLC) que muchos países han firmado o se encuentran negociando con Estados Unidos, han intentado asegurar que las inversiones, en particular en el sector energético, operen con el menor número de restricciones posibles, con el fin de favorecer el ingreso de capitales en esta actividad.

En mayor o en menor grado, los países de la región liberalizaron sus regímenes de tratamiento a las inversiones, así como del sector de servicios, desde principios de la década de los noventa. En algunos casos como Chile y Bolivia, las reformas se realizaron con anterioridad. En el sector energético, estas reformas significaron la eliminación de los obstáculos a las operaciones de las empresas privadas nacionales y extranjeras en todas las ramas de la industria energética, desde la exploración y producción de gas y petróleo, hasta la distribución y venta de productos petroleros en el mercado final. Si bien la mayoría de los países de la región modificaron sus marcos normativos en el sector, los grados de liberalización fueron diferentes. En muchos casos, las modificaciones estuvieron limitadas por preceptos establecidos en sus respectivas Constituciones; en otros, se consideró que se trataba de un sector estratégico. No obstante, las leyes de inversión extranjera implementadas en la mayoría de países de la región, y consolidadas en los TLC que muchos gobiernos han suscrito o se encuentran negociando con Estados Unidos, intentan asegurar que las inversiones, en particular en el sector energético, no serán obstaculizadas por elementos vigentes en las respectivas legislaciones nacionales.

Se pensó que, en la medida en que las reformas mencionadas fueran profundizándose, los procesos de integración del sector también lo harían. Asimismo, se consideró que la apertura de mercados daría lugar a una considerable expansión de las oportunidades de negocios para los actores privados en la construcción de infraestructura para las interconexiones energéticas. Dichos proyectos energéticos contaron con el apoyo financiero del Banco Mundial, del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) y del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EXIMBANK).

Sin embargo, éstas no dieron los resultados esperados. Las políticas energéticas liberalizadoras están siendo revisadas, especialmente en Sudamérica. Se observa cierta tendencia a rescatar un papel más activo del Estado en las actividades energéticas y a hacer del planeamiento estatal de los mercados energéticos un instrumento indicador indispensable en la canalización y coordinación de las inversiones de los agentes privados y públicos. Asimismo, la preservación de los recursos no renovables y la autonomía de los Estados para regular su explotación, ha sido nuevamente reivindicado como parte de las políticas energéticas.

Es en este marco que ha surgido la Iniciativa Petroamérica, de parte del gobierno venezolano. Aunque los detalles de su instrumentación todavía son incipientes, ésta se basa en la consideración que la integración regional es un asunto de los Estados y de los gobiernos, lo cual no implica la exclusión de sectores empresariales privados. Los acuerdos enmarcados en Petroamérica plantean la integración de las empresas energéticas estatales de América Latina y del Caribe para la instrumentación de acuerdos y realización de inversiones conjuntas en la exploración, explotación y comercialización del petróleo y gas natural. Ésta busca, además, la complementariedad económica y la reducción de los efectos negativos que tienen los costos de energía—originados por el incremento de la demanda mundial de petróleo, así como de factores especulativos y geopolíticos—en los países de la región. Se trata de un proceso que intenta desarrollarse de forma progresiva y que, según se señala en la propuesta, empezará a concretarse a través de acciones y acuerdos bilaterales o subregionales. La propuesta incluye también mecanismos de financiamiento preferencial en el suministro petrolero para las naciones del Caribe y Centroamérica.

En abril de 2007, tuvo lugar la Primera Cumbre Energética Presidencial Sudamericana, oportunidad en la que por primera vez, los Jefes de Estado de los países sudamericanos se reunieron para diseñar las bases de una estrategia consensuada sobre el tema energético. Se acordó la institucionalización de las reuniones ministeriales de energía a través de la conformación de un Consejo en el marco de la integración regional que, entre sus tareas prioritarias, deberá elaborar un Tratado Energético para la región.

Ello tiene lugar en un contexto en el que el suministro energético y el impacto que tiene su consumo en las emisiones de CO2 se han convertido en un tema de primer orden en la agenda de las relaciones internacionales. Las agencias especializadas coinciden en señalar que los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) continuarán siendo durante las próximas décadas la fuente predominante en la matriz energética a nivel global. Ello tendrá lugar en un contexto en el que la producción y suministro de los hidrocarburos se caracterizan por un nuevo paradigma de elevados precios y alto grado de volatilidad, tensiones geopolíticas, intensificación del debate ambiental a nivel internacional, competencia por acceso a nuevas regiones con reservas; reivindicaciones por la mayor participación en la renta de los hidrocarburos—especialmente en varios países latinoamericanos—e un incremento en el número de fusiones y adquisiciones y ganancias sin precedentes.

Por otro lado, en el ámbito de la producción de energías renovables, en marzo de 2007, los presidentes George W. Bush y Luiz In á cio Lula da Silva firmaron un memorando de entendimiento en el que manifestaron su intención de cooperar en investigación e impulsar la producción y exportación del etanol en el mundo con miras a crear un mercado global de biocombustibles. Su instrumentación puede significar nuevas inversiones en América Latina, una menor dependencia del petróleo y un nuevo momento para el desarrollo de la industria automotriz.

Brasil ha avanzado significativamente en la tecnología de producir combustibles, y en usarlo en medios de transporte. Estados Unidos enfrenta un déficit en el sector, y requiere incrementar sus importaciones, para lo cual proyectan impulsar conjuntamente la producción de biocombustibles en otros países de la región, tanto para el consumo interno como para la exportación. Actualmente existen líneas de crédito de organismos internacionales para promover el desarrollo de los biocombustibles en toda la región, lo cual ha tenido amplia receptividad en las regiones productoras de caña de azúcar como Centroamérica, el Caribe, Perú y Colombia.

Bajo ciertos parámetros, el desarrollo de los biocombustibles podría traer beneficios ambientales a través de la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir al desarrollo rural y a la creación de empleos. Sin embargo, su desarrollo tiene también un impacto ambiental negativo, tanto por la extensión del modelo de monocultivo como en el proceso de refinación y, si no se toman los recaudos necesarios, puede afectar el desarrollo sostenible y la producción de alimentos, así como los ecosistemas locales y regionales, con impactos en la flora y la fauna. Es decir, no se trata sólo de sustituir energías no renovables, sino de fomentar una demanda sostenible y un uso eficiente. Por eso, es muy importante realizar un balance energético de la producción del biocombustible con cada materia prima, establecer qué energía se requiere para producirlo, cuál es el precio del barril de petróleo que hace viable su desarrollo, diseñar un marco conceptual para evaluar el impacto ambiental y esbozar algunos criterios para la formulación de políticas públicas para su desarrollo.

Es importante destacar que el comercio mundial de energía continuará reflejando las disparidades en los niveles de desarrollo mundiales pero también las responsabilidades frente al cambio climático. Los países industrializados tienen un consumo de energía per cápita, por ejemplo, cinco veces más elevado que los países de América Latina. Sin embargo, las disparidades en la incorporación del progreso técnico arrojarían como resultado, de no mediar una reducción significativa en la intensidad energética y en renovabilidad y limpieza de la energía consumida, que los países en desarrollo sean responsables de más de tres cuartas partes del incremento de las emisiones globales de CO2 hacia el 2030. Así, su participación en las emisiones globales pasaría de un 39% en la actualidad a un 52% en el 2030.

América Latina y el Caribe presentan, en su conjunto, un considerable superávit en la producción de crudo y gas. Sin embargo, los recursos energéticos con los que cuenta la región están concentrados en muy pocos países. Por ello deben valorarse las propuestas de cooperación regionales dirigidas a garantizar y facilitar el suministro de los recursos energéticos e impulsar el desarrollo de energías renovables, así como su uso más eficiente.

La integración energética en la región puede ser un mecanismo decisivo para un mejor posicionamiento geopolítico de la región en el escenario internacional. Para lograrlo, es fundamental la construcción de una infraestructura adecuada, y disponer de un esquema institucional que reglamente la forma en que operará dicha infraestructura. Precisamente, el diseño de los mecanismos técnicos, así como institucionales, para la construcción de un mercado común energético en la región es aún un desafío para poder concretar esa voluntad política que prevalece en la región.