A lo largo de agosto, mes de la Pachamama según la tradición de la mayoría indígena que habita los territorios que ocupa Bolivia, el conjunto de antagonismos y confrontaciones que hoy desgarran a este país han configurado un escenario inédito. El gobierno de Evo Morales, junto a la estructura partidaria del MAS, tensamente recuperaron la iniciativa política durante la última semana, estableciendo una nueva fecha de referéndum y elecciones para el 7 de diciembre próximo.

Ese día, según lo establecido en el Decreto Supremo 29691, la población decidirá varias cosas. En primer lugar, aprobará o rechazará el texto de la nueva Constitución Política del Estado que se redactó entre agosto de 2006 y diciembre de 2007 en una difícil Asamblea Constituyente que fue obligada, incluso, a trasladar la sede de sus deliberaciones una vez que el ambiente de la ciudad de Sucre se volvió irrespirable.

En segundo lugar, ese mismo día la población convocada una vez más a las urnas, decidirá sobre dos versiones del artículo 398 de la Constitución que regula lo relativo a la propiedad de la tierra.1 Además, en la misma fecha se realizará la elección de los dos prefectos revocados—en La Paz y Cochabamba—el 10 de agosto pasado y, por primera vez, se elegirán directamente los 112 subprefectos, es decir, las autoridades políticas de las provincias que, hasta ahora, eran designadas por los prefectos departamentales.

Finalmente, en el complicado "paquete electoral" recién promulgado, también se elegirán por primera vez los consejeros departamentales, un cuerpo colegiado de funcionarios ahora sometidos a elección popular que realizarán funciones quasi-legislativas a nivel departamental.

Las diversas reacciones y declaraciones en torno a este plan global de auténtico "salto hacia delante" propuesto por el gobierno, en medio de una situación enrarecida y violenta, dibujan la posibilidad de múltiples y variables escenarios, muy difíciles de prever.

Sin embargo, una de tales reacciones es altamente significativa en su temible brutalidad: el viernes 29 de agosto cuando un no muy numeroso grupo de habitantes qullas de Santa Cruz decidió realizar un acto público de reconocimiento al recién conocido plan gubernamental, las mujeres que se manifestaban fueron agredidas artera y furiosamente por grupos de jóvenes afines al grupo paramilitar conocido como Unión Juvenil Cruceñista (UJC). Todos los bolivianos vieron por televisión, una y otra vez, la saña con la que mujeres mayores de rasgos indígenas, cargando sus tradicionales bultos a la espalda fueron agredidas por jóvenes de camisas verdes que portaban bates y palos con cuerdas anudadas en un extremo a manera de chicotes coloniales.

Esos insensibles y enloquecidos varones jóvenes, a quienes en la transmisión televisada de su hazaña de patear y apalear a mujeres convenientemente no se les veía la cara son, hasta cierto punto, una amarga señal de lo que parece estarse configurando. Esta violencia difusa y sistemática es, además, una novedad en el contexto de la vida cotidiana donde las relaciones interpersonales han transcurrido en otras épocas, por lo general, en calma.

En Bolivia, pues, está abierto y en marcha el despliegue cada vez más furibundo de antiguos antagonismos y viejos conflictos. Estamos presenciando el reacomodo de diversos cuerpos sociales en confrontación en medio de una enorme confusión. Intentemos arrojar un poco de luz sobre lo que ocurre a partir, primero, de recapitular brevemente los acontecimientos después del referéndum y, en segunda, escudriñando en los nuevos significados, objetivos y prácticas sociales en marcha.

¿Qué pasó después del referéndum?

A lo largo de las dos semanas que van del 10 de agosto, fecha del referéndum revocatorio y el 28 de agosto cuando se conoció la convocatoria al nuevo referéndum, Bolivia se vio sacudida por una ola de acciones de protesta y movilización organizadas, principal aunque no únicamente, por la coalición de dirigentes cívicos de las regiones que componen la llamada "Media Luna" apoyados por los Prefectos de esos mismos departamentos.2 Estas acciones de protesta y movilización, en Santa Cruz y el Beni principalmente, profundizaron el escenario de confusos y múltiples antagonismos que ha instalado en la vida cotidiana un sentimiento de intimidación y amedrentamiento de la población trabajadora e indígena que habita en esas regiones generando, hasta ahora, un insoportable ambiente de parálisis e impotencia.

La otra gran acción de movilización que ocurrió en la segunda mitad de agosto fue el contundente cerco comunitario-campesino a la ciudad de Sucre que realizaron los quechuas del departamento de Chuquisaca organizados en sus ayllus y federaciones sindicales. Chuquisaca, donde se asentó durante la Colonia la Audiencia de Charcas, sede del poder en el Alto Perú, es quizá el lugar donde es más clara una de las contradicciones que hoy se despliegan en Bolivia: aquella entre la población rural de origen quechua que produce y vive según sus ancestrales modos de regulación de la convivencia y se cuenta entre la más pobre del país, y una población urbana criolla y mestiza engreída, soberbia, enamorada del más anquilosado procedimentalismo legalista y atrincherada en tradiciones y comportamientos teñidos de desprecio y racismo.

Durante diez días los habitantes de la ciudad de Sucre, capital de Chuquisaca y sede del Poder Judicial de la República, acuerpados en sus instituciones cívicas y corporativas de abolengo, se vieron cercados por aquellos a quienes pretenden "representar" mediante su "Comité Cívico Interinstitucional". Esos hombres y mujeres de la ciudad que hace unos meses forzaron la renuncia del Prefecto electo y designaron a Savina Cuéllar, una mujer quechua a la que desprecian y utilizan como máscara para esconder su ancestral racismo, se vieron cercados por el contundente bloqueo de todos los caminos y todos los productos, que las mujeres y varones de origen rural establecieron, a partir de las tácticas comunitarias de movilización que despertaron durante los años más vigorosos de la rebelión entre 2000 y 2005.

Esta acción de movilización y cerco, cuyo objetivo explícito era conseguir el derecho a elegir directamente a los subprefectos de las provincias, en contra de la tradicional aceptación de la designación desde arriba de tales autoridades, fue una acción que inmediatamente después del referéndum y hasta donde se sabe, rebasó al gobierno del MAS "por la izquierda". La acción de los comunarios quechuas de Chuquisaca tiene, además, el dulce sabor de una victoria en tanto exhibe y reinstala con fuerza la capacidad de la población rural que fue salvajemente humillada por las turbas universitarias conducidas por los políticos locales el día 24 de mayo pasado.3

Es decir, en los días cuando la polarización binaria "gobierno del MAS—Comités Cívicos principalmente cruceño y beniano" alcanzaba una estridencia enloquecedora, los hombres y mujeres del campo en Chuquisaca silenciosa y decididamente establecieron el cerco a quienes tienen más cerca y los forzaron a admitir la necesidad de democratización política desde abajo. La reacción del gobierno, que incluyó este camino de desconcentración del poder como un eje central de lo que será decidido el 7 de diciembre próximo es hasta cierto punto un acierto: puede interpretarse, también, como una muestra de respeto a lo que desde abajo se presenta como necesario e importante.

Así, según una lectura que privilegia la atención en la capacidad de decidir y hacer desde abajo, el cerco a Sucre fue lo más importante que ocurrió en las últimas dos semanas de agosto, lo que ocupó la atención política y saturó el espacio público fue la furibunda confrontación entre los Cívicos de Santa Cruz y su Prefecto y el gobierno de Morales y sus Ministros. Revisemos brevemente estos sucesos que discurren en la contradicción entre regiones y gobierno central y, en otro tono, entre los esfuerzos regionales por conservar propiedad y privilegios y un discurso gubernamental desarrollista que recurre a argumentos tanto de autoridad y legalidad4 como de "cambio" estatalmente pautado.

Una vez conocidos los resultados del referéndum del 10 de agosto, el gobierno invitó al diálogo a los Prefectos y éstos lo rechazaron poniendo en escena un elocuente juego de simbolismos: primero se reunieron entre ellos para acordar una postura conjunta, hicieron esperar al avión presidencial enviado especialmente para trasladarlos a la ciudad de La Paz durante más de medio día; luego vinieron todos a La Paz, excepto Rubén Costas, Prefecto de Santa Cruz, no para dialogar los términos de la convivencia política "post-referéndum" tal como promovía el gobierno, sino para exigirle la restitución de las rentas departamentales del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Así, los Prefectos se presentaron en La Paz, de manera compacta, con la más intransigente exigencia de aumento de sus presupuestos regionales. Establecieron ante el gobierno que sólo sobre ese punto estaban dispuestos a hablar y, al día siguiente, se retiraron igualmente en bloque.

La cuestión de la pelea en torno al IDH, que hasta ahora ha sido la más discutida en los medios de comunicación, tiene que ver con quién decide y cómo se gastan los crecientes ingresos del Tesoro General que provienen, justamente, de los mayores impuestos a las empresas tras la llamada "nacionalización de los hidrocarburos" de mayo de 2006, así como de la elevación de los precios internacionales. En septiembre de 2007, el gobierno modificó las formas y proporciones para la distribución de tales recursos reduciendo los porcentajes—que no los montos, dado el aumento de los precios de los hidrocarburos tal como insistentemente explica la propaganda del Ministerio de Hidrocarburos—que se entregan a las prefecturas departamentales para que implementen sus propios proyectos. El argumento gubernamental para tal modificación fue que con los recursos recortados a las regiones se financiaría un subsidio a los mayores de 60 años llamado "Renta Dignidad" que actualmente está en vigencia.

Desde ese momento la disputa por el control y destino de tales excedentes ha sido el tema explícito central de la lucha regional, auténtico caballito de batalla de los Prefectos, el CONALDE y otras organizaciones regionales, ha sido el nudo del mecanismo para poner en escena un discurso de antagonismo al gobierno central hasta cierto punto movilizador que reduce, oculta y enmascara los términos más profundos de la confrontación social, regional y étnica en una dicotomía binaria y fácilmente comprensible:"estado central-regiones". Hasta hace unos cuantos días, el éxito principal de los Comités Cívicos y los Prefectos de la Media Luna había sido establecer, justamente así, los términos de la confrontación en torno al IDH, como si ésta tuviera un significado meramente burocrático, administrativo y de gestión dentro del aparato estatal entre centro y región, logrando obviar, con ello, las fracturas sociales y étnicas dentro de sus propios departamentos y regiones.

Por su parte, el gobierno de Morales admitió tal escenario durante varios meses, instalándose en un estéril va y viene declarativo que, en primer lugar, aceptaba como única, legítima y visible la representación aparente de la sociedad cruceña en su complejidad en el Comité Cívico y la Prefectura y, por otro, contraponía argumentos de efectividad en la gestión central del presupuesto nacional, a lo que desde las regiones se fue convirtiendo, más bien, en exigencia justificada de descentralización en el uso de los recursos públicos.

En ese escenario, las élites orientales, los ganaderos, los terratenientes, los empresarios ligados a los negocios de exportación y a la prestación de servicios a las empresas transnacionales que operan en Bolivia, así como a segmentos financieros, consiguieron afianzar efectivamente y amplificar mediáticamente su control territorial y social en los departamentos bajo su mando; imponiendo, además, el más brutal amedrentamiento como forma de disciplinamiento de cualquier disidencia, observación o crítica a la llamada "legítima demanda regional". Por su parte, sobre todo en las últimas semanas, ante la insistencia del gobierno de Morales de que la reivindicación de los gobiernos departamentales en torno al IDH era inadmisible, sosteniendo que la "Renta Dignidad no puede tocarse" e implementando una campaña de difusión de sus actividades y obras "en beneficio" de la sociedad; la autoridad departamental y los dirigentes cívicos reforzaron su ofensiva anti-gobierno central llevándola a niveles inesperados de confrontación.

Como parte de dicha ofensiva, el viernes 15 de agosto, sólo cinco días después del referéndum, ocurrieron en Santa Cruz una seguidilla de confusos y contradictorios enfrentamientos. Comenzando temprano en la mañana con el desalojo de un contingente de minusválidos que había tomado las instalaciones de YPFB por parte de fuerzas del Comando Departamental de la Policía Nacional en reclamo de un bono prometido por el gobierno central; a lo largo del día se produjeron enfrentamientos entre las bandas de la UJC y la policía en diversos puntos de la ciudad. Por la noche, el Comité Cívico auspició una supuesta tregua que, de una manera a cual más obscura, terminó con la pateadura del Comandante de la Policía a manos de los paramilitares de la UJC.

El sábado 16 la sensación que existía entre la población de Santa Cruz era de temor: si los "unionistas" habían sido capaces de atentar contra las instituciones de la República de esa manera, pateando en la calle a su comandante—foto que además estaba en varios diarios regionales—qué no serían capaces de hacer contra la población en su conjunto, contra los vendedores callejeros y los gremialistas de los mercados mayoritariamente de origen indígena, contra los vecinos de los barrios periféricos en particular el Plan 30005 y su mercado, contra los trabajadores de las empresas propiedad de los mismos dirigentes del Comité Cívico. Ese sábado, a lo largo de la mañana corrieron todo tipo de rumores que expresaban la indignación y el temor que se sentía en la ciudad: con la policía acuartelada, se decía que las bandas "cruceñistas" atacarían y saquearían los mercados, quemarían las casas en los barrios pobres, etc. A mediodía los dirigentes cívicos llevaron adelante un Cabildo, que no contó con mucha concurrencia, en donde plantearon con claridad sus intenciones y el contenido que le dan al término "autonomía departamental" que es la manera de nombrar sus objetivos políticos: i) control departamental y autónomo de la policía; ii) control departamental y autónomo de las exportaciones agroindustriales de los productos de la región; iii) control departamental y autónomo de los impuestos que se cobran a las actividades realizadas en la región y, iv) control departamental y autónomo del saneamiento de tierras. Al mismo tiempo, establecieron el martes 19 de agosto como fecha para llevar adelante un Paro Cívico Departamental por el IDH y la autonomía—al que posteriormente se plegaron los otros departamentos de la Media Luna.

El paro del martes 19 en Santa Cruz fue impuesto a patadas. Los miembros del Comité Cívico, sus grupos de bandas pagadas organizadas en torno al paramilitarismo "juvenil cruceñista" de la UJC, así como algunos grupos de vecinos y personas honestamente disconformes con las acciones del gobierno de Morales, establecieron bloqueos no demasiado grandes en puntos significativos de la ciudad, impidiendo la circulación de vehículos y personas en diversos cruces importantes de las arterias radiales y los "anillos" concéntricos que diagraman la geografía urbana. Ningún bloqueo era masivo y tumultuoso según las escenas que se exhibían una y otra vez en la televisión que no dejó de hablar de "la contundencia del fervor cívico cruceño"; pero eso sí, había grupos de jóvenes unionistas organizados como bandas de choque que se desplazaban en convoys de cuatro, cinco o más camionetas, armados con sus palos, sus escudos y su exceso de testosterona y adrenalina, lanzando gritos e intimidando a todos quienes se atrevían a salir a la calle. El espectáculo de ver pasar a esas bandas incontrolables es, ciertamente, horroroso y paralizante. Hace recuerdo a esos espectáculos de violencia tribal previa a alguna confrontación mayor. El objetivo de sus gritos y su violencia es, claramente, amedrentar a la población civil que no esté activamente plegada a su propia locura.

Tales bandas de choque y no la movilización de los vecinos lograron que la mayor parte de la gente de la ciudad sencillamente se quedara en su casa, que parara, que no se arriesgara a salir a las calles. La excepción de esta actitud se presentó en el Plan 3000 cuyo mercado no paró y cuyos pobladores defendieron su territorio desafiando la decisión de los cívicos. Ahí se produjeron durante una buena parte de la tarde violentas escaramuzas entre civiles, unionistas de un lado y vecinos, gremialistas y militantes del MAS, por otro; que de tanto en tanto eran contenidos por la Policía que, más bien, observaba todo con cierta distancia.

Después del paro que, sin tal estridencia ni tanta violencia, también se acató en las capitales de Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca, los dirigentes cívicos convocaron a un bloqueo de caminos que se cumplió a medias en Santa Cruz. En ese ambiente ocurrió el bloqueo de caminos de los comunarios de Chuquisaca quienes, con su propia exigencia de democratización electoral desde abajo establecieron el bloqueo a la ciudad de Sucre.

Todos esos días la belicosidad del discurso y las acciones de los Comités Cívicos fue creciendo: se habló de toma de las instituciones, de ponerlas bajo el control del poder regional, se ocuparon garitas de pago en las carreteras, las instalaciones de la aduana en Tarija y las oficinas del Ministerio de Educación en Beni. En Santa Cruz, desde el miércoles 20 por la mañana, todas las instalaciones de instituciones pertenecientes al gobierno central fueron custodiadas por militares. En todos estos casos la capacidad material del gobierno central para establecer un límite a las acciones de los otros, para "poner orden" fue casi nula.

Así, la penúltima y última semana de agosto se vivió en Bolivia una atmósfera enrarecida de confrontación, de ausencia total de autoridad por parte del gobierno central en las regiones. La conversación cotidiana casi obligada de la población era la interrogante sobre el "hasta cuando" hemos de admitir todo esto, es decir, la pregunta acerca del necesario límite a la arrogancia de los dirigentes cívicos. Dos acciones prácticas que seguramente guardan una tensa relación entre sí rompieron este escenario: el cerco a Sucre en Chuquisaca y la decisión del MAS de presentar, el jueves 28 por la noche, el paquete de referéndums y elecciones del 7 de diciembre.

Brevemente sobre las perspectivas

Con la convocatoria a un nuevo referéndum el conjunto de contradicciones que hemos bosquejado quizá puedan modificarse hasta cierto punto. Sin embargo, es claro que en los siguientes meses continuarán y se acrecentarán la inestabilidad, el desorden y la mezcla de frustración y enojo con la situación que se percibe entre la población sencilla y trabajadora, sobre todo en la ciudad de Santa Cruz. Los cauces de la madeja móvil de conflictos es, a mi juicio, impredecible. Los distintos niveles de las contradicciones y antagonismos se mueven en diversos planos y desplegan contenidos a cual más abigarrados Vale la pena, sin embargo, intentar algún tipo de pronóstico que ayude a ordenar la comprensión de lo que viene.

1. En primer lugar está instalada como central y más visible, la contradicción entre élites regionales y gobierno central. El contenido en detalle de esta contradicción, según sus planes políticos explícitos es el "proceso de cambio centrado en la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado" por parte del gobierno, y "autonomía departamental" por parte de las élites regionales. Lo analizaremos con cuidado en un siguiente artículo pues ahí es donde con mayor claridad se condensa la contradicción entre una forma de entender y encausar la transformación social y política en Bolivia y los muy variados modos de asegurar la conservación de privilegios y propiedad, por lo pronto a nivel regional. Es fácil de prever que las fuerzas regionales centrarán sus esfuerzos en impedir y boicotear el paquete de referéndums y que recurrirán para ello a todo tipo de argumentos y acciones: desde la oposición jurídica, el boicot de las Cortes Departamentales Electorales hasta la confrontación directa o, como hasta ahora, la exhibición reiterada y presuntuosa de su capacidad de control territorial. El gobierno central, por su parte, se juega su autoridad y su futuro en la realización de tales comicios.



2. En un segundo nivel, en Cochabamba y La Paz, donde fueron revocados los Prefectos el 10 de agosto pasado, está abierta la pugna al interior de las organizaciones sociales afines o más o menos cercanas al MAS, sobre la nominación del candidato a Prefecto por ese partido que seguramente resultará electo el 7 de diciembre. Tanto en La Paz como en Cochabamba, dos lugares relativamente "calmados" en medio de la ola de incertidumbres y tensiones que sacude al resto del país, están en marcha procesos deliberativos y discusiones desde la base sobre los posibles candidatos a Prefecto. Bajo las normas actuales, sin embargo, todas estas deliberaciones y decisiones tienen que ser sancionadas en última instancia por el MAS que conserva la prerrogativa de inscribir a quien el partido decida. Ahí está abierto, entonces, un flanco de contradicción para establecer la relación entre la sociedad y sus organizaciones diversas y potentes y la estructura partidaria y el gobierno central. Qué tanto se respete la decisión desde abajo en estas dos regiones, seguramente será un indicador de hasta donde y bajo qué formas, esa población organizada estará dispuesta a comprometerse en la defensa de lo avanzado contra la previsible ofensiva de las élites regionales.



3. El tercer nivel tiene que ver con la elección de los 112 subprefectos a nivel provincial en toda la geografía boliviana, así como de los consejeros departamentales que conformarán el cuerpo quasi-legislativo en los departamentos. La posibilidad abierta de control territorial local por la vía electoral es una novedad en el fuertemente centralizado estado boliviano. Esto seguramente abrirá un enérgico proceso de agitación política y movilización a nivel local, pues brinda la posibilidad de que las organizaciones sociales locales, los vecinos y vecinas de los pueblos, los comunarios, colonos y trabajadores de los campos, etc., disputen una parte del aparato político de gobierno a nivel local, debilitando el control compacto de sus departamentos que ambicionan las élites regionales. Muy probablemente, en este escenario pequeño, local, ocurrirán todo tipo de conflictos que quizá puedan abrir un cauce que vaya más allá de la participación político-electoral que hoy se ofrece. Hasta cierto punto, cabe la posibilidad de que mediante la elección de los subprefectos en las provincias se reinstale de manera múltiple la discusión y disputa acerca de las facultades y competencias que tendrán tales gobiernos provinciales. Es esta una vía posible de afianzamiento de cierta autonomía de hecho por parte de las poblaciones locales que, seguramente, debilitará el todavía férreo control burocrático y desde arriba que impregna al aparato político boliviano en todos sus niveles, que es lo que tratan desesperadamente de conservar, a nivel departamental, las élites regionales. Por aquí, además, tomará una nueva forma el curso de la contradicción ciudad-campo que es, planteada en términos territoriales, la forma actual del antagonismo entre una sociedad diversa, trabajadora y étnicamente diferenciada que habita en las áreas rurales y una población urbana alterada, agresiva y profundamente asustada ante la perspectiva de que la estructura colonial del mando político y la explotación del trabajo poco a poco se modifique.

En todo caso, el que exista un objetivo a ser producido entre todos de manera variada—los referéndums y elecciones del 7 de diciembre—así como las acciones de bloqueo a Sucre en tanto muestra de dignidad y autonomía política recuperada, exhiben que en Bolivia, pese a todo, los cursos diversos de la transformación social siguen abiertos. En tales condiciones una vez más, Morales se juega su destino recurriendo a la capacidad social de transformar desde abajo. No le ha quedado, tampoco a él, otra salida.

Notas

1. El Art. 398 de la nueva Constitución tiene dos versiones. En una de ellas la superficie máxima de tierra que puede ser propiedad de un particular se establece en 5,000 hectáreas; en la otra versión, dicho límite se fija en 10,000 hectáreas. Al no lograrse un acuerdo entre los constituyentes que en el último año redactaron la nueva Carta Magna, se decidió someter este artículo a un "referéndum dirimitorio" que, junto a todos lo demás se celebrará el 7 de diciembre.
2. Consejo Nacional Democrático (CONALDE) es el nombre de la agregación de los comités cívicos y los prefectos de la "Media Luna". Es un término que, básicamente, sirve para expresar en algunas ocasiones una posutra conjunta contra el gobierno de Morales, pese a que hay diversos puntos de desacuerdo interno e incluso de contradicción. El CONALDE busca ser hegemonizado por el Comité Cívico de Santa Cruz comandado por el Sr. Branco Marinkovic, un agro-empresario y gran terrateniente que consolidó su propiedad de más de 27,000 ha. en el departamento de Santa Cruz durante los últimos dos gobiernos neoliberales: el de Bánzer y el de Sánchez de Lozada.
3. El 24 de mayo de 2008, Evo Morales convocó a Sucre a un grupo de dirigentes de diversos ayllus, pueblos y provincias del departamento de Chuquisaca a fin de entregarles unas ambulancias para sus hospitales y centros de salud rurales. Los pobladores de la ciudad, principalmente los jovenes de la Universidad de San Francisco Xavier, organizados como bandas de choque, agredieron primero a la Policía Militar que custodiaba el estadio donde se realizaría el acto de entrega. Como la Policía Militar tenía orden de no disparar, ante la agresión con cartuchos de dinamita, decidió replegarse. Fue entonces cuando estas bandas, armadas con dinamita, bates, chicotes y alguna que otra arma de fuego, corretearon a los comunarios que esperaban en las inmediaciones del estadio hasta que "capturaron" a unos cuantos comunarios a quienes patearon, golpearon, desnudaron y los llevaron amarrados a la Plaza Mayor de la ciudad para obligarles a arrodillarse. Esas escenas de humillación a los comunarios todavía resuenan en el imaginario colectivo. En este sentido, la acción de bloqueo a Sucre es, además de otros significados, una muestra de fuerza de los comunarios y se establece como una amenaza para la población urbana: los mestizos y criollos citadinos pueden humillar a unos cuantos comunarios solos y desarmados, los comunarios son capaces de cercar y aplastar a toda la ciudad.
4. En la semana inmediatamente posterior al referéndum los diversos voceros y ministros del gobierno cayeron en una seguidilla de declaraciones en torno a su autoridad, refrendada por los resultados del referéndum; y a su compromiso con la legalidad heredada, que resultaban vacíos para una ciudadanía que conocía durante cada día los sistemáticos desmanes y provocaciones organizadas por los Comités Cívicos, especialmente el cruceño, que se empeñaban una y otra vez en mostrar que en el Oriente del país, "no es el gobierno el que manda". El colmo de este escenario ocurrió el miércoles 27 cuando en una visita del gobierno de Morales al departamento del Beni, en el Norte boliviano fronterizo a Brasil, el presidente tuvo que, literalmente, "escapar" hacia Brasil para poder regresar en avión a La Paz, pues los aeropuertos de las ciudades y poblaciones fueron tomadas por brigadistas de los comités cívicos.
5. El Plan 3000 es un distrito periurbano de Santa Cruz en el cual, en las últimas dos décadas se han asentado la mayoría de los migrantes de origen indígena y popular que confluyen hacia el Oriente desde los más diversas regiones del país.

Recursos

¿Qué dijo la sociedad boliviana en el referéndum revocatorio del 10 de agosto?
http://www.ircamericas.org/esp/5463