Laura Carlsen es la Directora del Programa de las Américas y escribe una columna para La Estrella de Panamá.

Si se logra consolidar un poder basado en la fuerza bruta, representaría un grave retroceso para la región América ¿Cómo derrocar un golpe de estado en el siglo XXI? Esta es la pregunta que enfrenta la comunidad internacional tras el golpe de estado sufrido en Honduras el 28 de junio. Ese día la FFAA hondureñas secuestraron al presidente democráticamente electo, Manuel Zelaya, y lo llevaron a Costa Rica. La OEA, la Asamblea General de la ONU, el gobierno de los EEUU y todos los países de América Latina han denunciado el golpe de estado y exigido la restitución inmediata del Presidente Zelaya. La respuesta diplomática internacional fue rápida y contundente, dejando aislado al régimen de facto en Honduras. Muchos pensaron que esta respuesta sería suficiente para que Roberto Micheletti, "presidente" impuesto por los golpistas, fuera a renunciar a sus pretensiones de gobernar por la fuerza.

Desde hace décadas, Centroamérica salió de una triste y sangrienta época de dictaduras militares, en muchos casos apoyados por el gobierno norteamericano. Ahora los tiempos han cambiado. El presidente Obama se unió a la llamada mundial de restaurar la democracia en la pobre nación centroamericana. Honduras ha sido sancionada económicamente con el cierre temporal del comercio en la frontera por parte de los países centroamericanos contiguos, la congelación de préstamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, el cese del envío de petróleo por el Petrocaribe y la suspensión de $16.5 millones de dólares en ayuda de EEUU, entre otras sanciones. Sin embargo, los golpistas siguen necios en el poder. No dejaron aterrizar el avión en donde viajaba el Presidente Zelaya y el presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel D'Escoto, el 7 de julio. Micheletti ha dicho que se quedará hasta las elecciones de noviembre y que jamás permitirá el regreso de Zelaya como presidente, aunque ahora los golpistas consideran amnistiar al depuesto presidente. Prevaleció, hasta hace poco, un toque de queda, existen retenes militares en varias partes del país y ordenes de arresto contra dirigentes de los movimientos campesinos, sindicales, indígenas y de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad han matado por lo menos dos personas, cuatro según las cuentas de los movimientos populares que siguen en las calles y aumentan sus números y su nivel de organización a diario en su lucha por el regreso del presidente y su derecho a ser consultado sobre convocar una asamblea constitucional, lo cual fue el detonante del golpe por parte de políticos conservadores, FFAA y empresarios.

En un intento de destrabar el asunto, el presidente Óscar Arias entró como mediador la semana pasado. Pero parece que la mediación ha nacido muerta ya que Micheletti se niega cualquier posibilidad de ceder al retorno de Zelaya, que es la condición sine qua non para la comunidad internacional y los movimientos ciudadanos de Honduras. Micheletti regresó a Honduras después del primer día de mediación, en el cual no se reunió con el presidente Zelaya, dejando delegaciones que no tienen por donde avanzar debido a la intransigencia de los golpistas. Aislados, sancionados y enfrentados por su propia gente ¿Cómo es posible que el golpe entre ya en su tercera semana aferrado a un poder ampliamente reconocido como ilegítimo?

Es el momento de reconocer que la presión diplomática por si solo no ha funcionado. Estados Unidos y otros países tiene que pasar de las palabras a las acciones concretas. En particular, a pesar de las sanciones económicas hasta ahora, existen más posibilidades de sanciones económicas y comerciales contra Honduras. Esto implica un altísimo costo, no sólo para el régimen de facto, sino también y sobre todo para el pueblo hondureño. Sin embargo, ellos tienen claro que vale la pena y han pedido al gobierno de Estados Unidos y a otros gobiernos que pasen a aplicar las sanciones. Los golpistas y la ultraderecha internacional que los apoya saben que Honduras es una prueba para el nuevo gobierno de Obama y para todo el mundo. Si lograran consolidar un poder basado en la fuerza bruta, representaría un grave retroceso para el estado de derecho en la región.

Si el pueblo hondureño está dispuesto a pagar las consecuencias de las sanciones, el resto del mundo debe seguir su ejemplo de lucha por la democracia y exigir a sus gobiernos medidas más fuertes para la restauración del orden constitucional en Honduras. Solo así se puede enviar un mensaje de una vez por todos que los golpes de estado son inaceptables en el siglo XXI.