El 6 de octubre de 1976, un avión cubano despegó con 73 personas a bordo. Poco después de emprender el vuelo, la nave estalló. No hubo sobrevivientes.

La explosión fue causada por una bomba terrorista plantada a bordo del jet civil. Meses después, la policía venezolana arrestó a los terroristas sospechosos del ataque y los puso tras las rejas para que ahí esperaran juicio por la masacre.

El extremismo islámico no tuvo nada que ver con este ataque. Pero la misma clase de odio ciego y desdén fanático por la vida humana en el servicio a una “causa” motivaron a los asesinos. Luis Posada Carriles, el virulento anticastrista experto en explosivos, considerado autor intelectual del atentado, escapó de una prisión venezolana en 1985. No sólo no se arrepiente, sino que, a juzgar por sus acciones subsecuentes, sigue con la intención de volver a matar.

Quince años después, Posada Carriles fue acusado nuevamente de terrorismo, esta vez por un intento frustrado de asesinar al presidente cubano Fidel Castro en Panamá, durante una Cumbre Iberoamericana celebrada en ese país. Dados su historial y la abrumadora evidencia física contra él, fue condenado a ocho años de prisión.

Posada Carriles había aceptado su participación en una serie de explosiones registradas en hoteles en La Habana en 1997, en un intento por “hacer un escándalo para que los turistas no vinieran,” según dijo en una entrevista con el New York Times aparecida en 1998. Los ataques se cobraron la vida de un turista italiano. En su larga e infame carrera, Posada ha sido asesor de los contras nicaragüenses, guardia de seguridad extraoficial para el presidente guatemalteco Vinicio Cerezo y miembro del servicio secreto venezolano.

En un acto que se alejó de todas las reglas de la decencia humana y la ley internacional, la presidenta panameña Mireya Moscoso perdonó a Posada en 2004, justo antes de dejar el cargo. Todavía fugitivo por el ataque al avión, Posada huyó a Florida meses después de su liberación, donde su abogado interpuso una solicitud de asilo en su nombre. Las noticias de la presencia de Posada en Estados Unidos generaron un escándalo y el 17 de mayo los servicios migratorios estadounidenses arrestaron al cubano acusándolo de violar la ley migratoria.

El gobierno de Bush ahora está en un dilema. Ha cimentado todo su capital político y su legado histórico en la “guerra global contra el terrorismo” y Posada es un terrorista internacional bajo todas las posibles definiciones del término, con las manos manchadas con la sangre de muchos civiles. Sin embargo, como se enfatizó en la solicitud de asilo, fue entrenado en Estados Unidos y trabajó como agente de la CIA (de 1960 a 1967). Y la “causa” por la que luchó es una prioridad importante para la administración Bush: derrocar a Fidel Castro.

El gobierno estadounidense tiene ahora tres opciones, ninguna de las cuales encaja con su agenda política. La primera es enjuiciar a Posada por ingreso ilegal al país. La decisión del juez, el 13 de junio, de llamar a una comparecencia migratoria para fines de agosto indica que esto será el camino preferido por el gobierno.

Sin embargo, esta opción no satisface a nadie. Por un lado, ignoraría el mucho más grave asunto del terrorismo y retrasaría la justicia en el caso del atentado. De esta manera, crecería el clamor internacional por un juicio contra Posada por los crímenes terroristas. Por otro lado, tampoco satisface a los cubanos anti-castristas que creen que Posada debe ser declarado libre de cualquier cargo.

La segunda opción es extraditar a Posada a Venezuela para su juicio. A pesar de ser la única opción apegada a la ley, el gobierno de Bush se niega a optar por la extradición porque fortalecería el creciente lazo Castro-Chávez y presentaría una cara del terrorismo de derechas que contradice las definiciones politizadas que la administración Bush utiliza.

El gobierno venezolano ya solicitó el arresto con fines de extradición de Posada para ser juzgado por terrorismo y, en una movida que causó indignación en sectores muy amplios, la administración Bush se negó alegando que la solicitud era "claramente inadecuada." Ahora Venezuela ha presentado una nueva solicitud ampliamente documentada. Además, el National Security Archive en Washington publicó recientemente unos documentos desclasificados de la CIA que muestran claros vínculos entre Posada Carriles y el ataque terrorista al avión.

La resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas norma la cooperación entre naciones en la lucha contra el terrorismo y exige a todos los países llevar a cabo estrictos controles de sus fronteras contra el refugio de terroristas internacionales. Además, bajo la Convención de Montreal sobre crímenes contra la aviación civil, firmada por Estados Unidos, si Estados Unidos se niega a extraditar a Posada, deberá ser la justicia estadounidense quien lo juzgue por el atentado. Esto probablemente forzaría al gobierno a revelar vergonzosos documentos de seguridad relativos al periodo en que el terrorista era empleado de la CIA y los procedimientos legales podrían abrir viejas heridas causadas por otras actividades violentas e ilegales apoyadas por Estados Unidos durante la Guerra Fría. También provocaría el enojo de la políticamente influyente comunidad anticastrista de Florida.

La última opción, una violación flagrante del derecho internacional, sería otorgar el asilo a Posada Carriles. Este acto sería la máxima hipocresía en la “guerra contra el terrorismo” y erosionaría la credibilidad y autoridad moral del gobierno tanto en casa como en el extranjero.

La administración Bush debería dejar a un lado las ideologías y ver el caso Posada como una oportunidad de oro. Es una oportunidad para que el gobierno estadounidense exorcice las sospechas que se han extendido por el mundo de que su guerra contra el terrorismo tiene motivos ulteriores y para que se sostenga en el principio de que el terrorismo es una amenaza para la humanidad venga del extremo del espectro político que sea. Es también una oportunidad para aplicar la ley internacional más allá de los intereses geopolíticos.

Tomar el camino cuesta arriba al forzar a un terrorista internacional confeso a enfrentar un juicio fortalecería la lucha contra el terrorismo y las alianzas globales necesarias para ganarla.