Tras 17 años al timón de la mayor fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina, el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se va del el cargo. Enrique Iglesias entregará las riendas a su sucesor en septiembre. Igual que la reciente lucha por al liderazgo de la Organización de Estados Americanos, esta sucesión promete ser un largo y arduo proceso de negociación política. Mientras Estados Unidos buscan mantener su tradicional papel hegemónico en América Latina, Brasil siendo más audaz para ganar algo de ese espacio. Con un financiamiento anual para los países latinoamericanos que sobrepasa US $8 mil millones, el BID tiene una influencia significativa sobre las economías de la región.
Los candidatos ya empiezan a aparecer. Los contendientes más probables incluyen a João Sayad, actual vicepresidente del BID y la opción de Brasil, y a Luis Alberto Moreno, el embajador de Colombia en Estados Unidos; el más probable de ser apoyado por los Estados Unidos. Todos los candidatos visibles hasta la fecha son hombres. Todos tienen antecedentes en gobierno y macroeconomía tradicionales. Ninguno de ellos es experto en desarrollo sustentable, ni siquiera porque la misión del BID, en teoría, es aliviar la pobreza y alcanzar el desarrollo sustentable en América Latina.
Iglesias deja un legado mixto. Poco ha cambiando en el BID desde que asumió el timón en 1988 en términos de su visión de desarrollo. Diez años después de haber sido mandatado por los gobiernos que lo financian para hacer de la protección ambiental un objetivo central, el BID ha fallado en actualizar los lineamientos ambientales que adoptó en 1979. De modo similar, aunque el financiamiento del BID se dirige cada vez más hacia grandes proyectos de infraestructura que tienen impactos directos sobre las poblaciones indígenas, el banco sigue careciendo de una política explícita relativa a los numerosos pueblos indígenas latinoamericanos.
Consenso de Washington
Siguiendo los pasos de la corriente neoliberal de los 90, comúnmente llamada “Consenso de Washington”, la mayor contribución del BID a la región ha sido asistir a los gobiernos latinoamericanos en la privatización de industrias públicas rentables y la apertura de los servicios públicos a empresas trasnacionales en su mayoría, ondeando la bandera del libre comercio y promoviendo la integración económica y de infraestructura. Actualmente, los proyectos más promovidos del Banco son el Plan Puebla Panamá (PPP) y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Sus componentes principales son ductos, carreteras, presas, sistemas de interconexión eléctrica y otros grandes proyectos de infraestructura con fuertes impactos sociales y ambientales para hábitas y comunidades.
Desde el establecimiento del Departamento del Sector Privado del BID a principios de los 90, el banco ha transferido crecientemente su financiamiento del sector público al sector privado. Consecuentemente, la naturaleza de los proyectos que el BID está financiando también está pasando de los servicios públicos como salud y educación a grandes proyectos de infraestructura como carreteras y ductos. En 1992, el financiamiento del BID para el sector privado era de US $1.4 millones, y esa cifra creció hasta US $76.9 millones en 2004.
Muchos de los proyectos más controvertidos en América Latina fueron financiados por el BID durante la gestión de Iglesias. La presa Yacyretá, en la frontera argentino-paraguaya, ha pasado por dos procesos en el Mecanismo Independiente de Inspección (IIM) del BID, sin embargo el proyecto sigue estando lleno de problemas irresueltos. La presa hidroeléctrica de Caña Brava en Brasil también fue tomada por el IIM con resultados similares.
Posiblemente el proyecto más polémico que el BID ha financiado en años recientes es el gasoducto Camisea en Perú. Ignorando las preocupaciones de muchas de las comunidades afectadas, así como de organizaciones internacionales ambientales y de derechos humanos, el BID aprobó el proyecto cuando la construcción del gasoducto ya estaba casi terminada. Esto dejó al banco con poco poder para hacer cambios significativos al proyecto y limitó la capacidad de las comunidades para negociar mejores condiciones con los operadores y el gobierno. El gasoducto abrió un área de gran biodiversidad que era previamente inaccesible y protegida por barreras naturales. La mayor parte del gas de Camisea va a ser exportado a México y Estados Unidos y no proporcionará energía a los peruanos pobres.
Exclusión de la Sociedad Civil
Dado el impacto de los proyectos del BID en la región, muchos grupos ciudadanos han dedicado energía y recursos significativos en esfuerzos para monitorear sus actividades. Las críticas al Banco por parte de la sociedad civil han sido todo menos bienvenidos. Aunque Iglesias ha estado dispuesto a reunirse con organizaciones no gubernamentales y otros grupos ciudadanos, los resultados de esta participación han sido mínimos. En 2003, cuando el BID estaba realizando su revisión mandatada del proyecto Camisea, Iglesias aceptó reunirse con miembros de la sociedad civil que tenían preocupaciones sobre los numerosos impactos sociales y ambientales del proyecto.
Después de un desayuno durante la reunión anual de la Junta de Gobernadores del BID en Milán, Italia, en 2003, Iglesias reconoció que había problemas con el proyecto y se comprometió a asegurar que, como mínimo, el BID desarrollara una política relativa a los pueblos indígenas. Aunque el proceso de diseño de la política había sido iniciado, el proyecto Camisea fue aprobado por el Banco en 2004, sin ninguna salvaguarda que garantizara que las poblaciones afectadas serían protegidas.
De acuerdo con la política del BID, el banco tiene la obligación de consultar con la sociedad civil y particularmente con las comunidades afectadas antes de aprobar proyectos de alto impacto. Se requiere consultar con los interesados antes de adoptar las estrategias operativas y sectoriales del banco, y existe el compromiso de realizar consultas sobre varias de las nuevas políticas. En la práctica, sin embargo, los procesos de consulta del banco son poco más que un ejercicio de poner sellos. El BID controla todos los aspectos del proceso; los miembros del personal del banco seleccionan a quienes participarán en las consultas y normalmente no dan a conocer los nombres de los que han sido invitados antes de las reuniones. Esto dificulta la coordinación y preparación previas entre los participantes. La documentación relevante no siempre se proporciona con tiempo y en el lenguaje adecuado. Durante las consultas para Comisea, muchas de las comunidades afectadas no recibieron los documentos del proyecto hasta un día antes de la reunión. Además, el banco no proporciona asistencia a los interesados para revisar y entender documentos a menudo técnicos, tales como evaluaciones de impacto ambiental y otros materiales relacionados. Finalmente, las consultas del BID con las comunidades afectadas a menudo tienen lugar después de que varios aspectos importantes del proyecto, tales como su ubicación y diseño, ya han sido decididos.
En el caso del proyecto Camisea, la construcción fue iniciada antes de que las comunidades tuvieran la oportunidad de opinar, negándose así la capacidad de las personas afectadas de hacer cambios significativos o rechazar el proyecto completo.
El BID también se ha olvidado de extender el poder de decisión a los legisladores de América Latina y el Caribe. El financiamiento del BID se negocia entre el banco y el poder ejecutivo de los países. La mayoría de los congresos y asambleas legislativas no tienen voz en los programas y proyectos que financia el BID en sus países. Los cuerpos legislativos de cuatro países latinoamericanos tiene la atribución de aprobar préstamos, ocho pueden aprobar y ratificar y el resto no tienen atribuciones de supervisión en absoluto.
La estructura de toma de decisiones dentro del propio banco es bastante antidemocrática. La Junta de Directores Ejecutivos vota sobre la política del BID y aprueba el financiamiento de proyectos. El poder de voto de cada estado miembro está determinado por el capital con el que el país contribuye a las arcas del banco. Los Estados Unidos, con un 30% de los votos, tienen una influencia excesiva sobre la dirección del banco. Los países prestatarios en conjunto tienen 50.8% del poder de voto, sin embargo, existe un potencial conflicto de interés en el hecho de que las mismas personas que están votando por el financiamiento son quienes están solicitándolo.
El Próximo Presidente
Quienquiera que llegue al poder después de que Iglesias se retire tiene una significativa cantidad de trabajo que hacer para asegurar que el banco cumpla con su misión de reducir la pobreza e impulsar el desarrollo sustentable en América Latina. Necesitará garantizar que el BID no esté prestando sólo por prestar y aumentando la carga de deuda de los ya descapitalizados países. En vez, los proyectos que financia el banco deben tener un efecto positivo sobre los latinoamericanos, especialmente los más pobres.
Dentro del banco, el próximo presidente necesitará asegurar que el BID adopte y se adhiera a lineamientos ambientales claros que impidan que los proyectos hagan más mal que bien. Asimismo, debe garantizar que la política sobre pueblos indígenas que sea aprobada tenga el efecto directo de proteger a los pueblos indígenas y elevar su nivel de vida sin destruir su medio ambiente. El próximo presidente debe conducir un análisis de las anteriores actividades del BID para reevaluar su dirección actual y establecer una nueva cuyo único propósito sea la elevación del nivel de vida de los pobres.
Fuera del banco, el próximo presidente debe comprometerse a promover el gobierno democrático y a respetar la voluntad de la gente, aún si ello resulta en un rechazo a las propias ideas del banco. Debe demandar la aprobación del poder legislativo de los Estados para los programas y actividades de los gobiernos. Todos los proyectos del BID deben ser revisados por el congreso o la asamblea legislativa del país que los va a implementar. El banco debe eliminar el periodo de gracia que extiende sobre nuevos préstamos, dado que esto promueve el endeudamiento irresponsable y el potencial de usar el financiamiento del BID para intereses políticos.
Durante su gestión, Iglesias permitió al banco hacer negocios con normalidad a pesar de la fuerte evidencia de que los programas del banco no tuvieron éxito en sacar a los latinoamericanos de la pobreza. El próximo presidente debe emprender los cambios largamente requeridos si es que el BID va a sobrevivir como institución para el desarrollo. Los latinoamericanos han demostrado varias veces que cuando las instituciones tradicionales no están trabajando para ellos, no tienen miedo de reemplazarlas.
Notas
El Octavo Aumento General de Recursos del BID tuvo lugar en 1994. El departamento ambiental del BID está en el proceso de elaborar una nueva política Ambiental y de Salvaguardas, la cual está programada para ir al Directorio para su aprobación a lo largo del año. Asimismo, la unidad de Pueblos Indígenas del Banco está en el proceso de elaborar la primera Política sobre Pueblos Indígenas del Banco, la cual también será adoptada este año. No está claro si cualquiera de estas políticas será completada y aprobada por el Directorio antes de la salida de Iglesias.
El BID tiene estrategias operativas generales y estrategias sectoriales, para las cuales se requiere realizar consultas públicas cuando se les va a modificar. También existen políticas que orientan al personal del banco sobre cómo implementar proyectos, las cuales no tienen los mismos requerimientos de consulta. Como respuesta a la presión de grupos de la sociedad civil, el banco aceptó realizar consultas públicas sobre las nuevas políticas sobre medio ambiente y grupos indígenas.
Nadia Martínez contribuye con Foreign Policy In Focus (en línea en www.fpif.org) y es Investigadora en el Instituto de Estudios sobre Políticas (Institute for Policy Studies), donde coordina el programa latinoamericano para la Red de Energía y Economía Sustentable (Sustainable Energy and Economy Network, SEEN, en www.seen.org), un proyecto del Instituto. Juan Montecino ayudó en la investigación para este artículo.
